Ibar Pérez Corradi, acusado de narcotraficante y de ordenar la ejecución de tres empresarios, está jugando a sus anchas. Desde su captura en Paraguay, Pérez Corradi se dio el gusto de atacar desde la cárcel a un ex senador nacional (Ernesto Sanz) y a una jueza federal (Sandra Arroyo Salgado) frente a micrófonos y cámaras de televisión. Y mientras disfruta de condiciones especiales de detención, su aporte como arrepentido fue absolutamente nulo: ninguna prueba documental, ningún número de cuenta bancaria, ninguna evidencia irrefutable. Nada.
En los tribunales de Comodoro Py se extendieron los comentarios sobre el malestar que revuelve a la jueza María Romilda Servini de Cubría, quien presencia los espectáculos televisivos del detenido sin sonsacarle la más mínima prueba.
Las sospechas más oscuras cruzan la negligencia con una trama de complicidad. Pérez Corradi siempre gozó de protección. Hasta el final del gobierno de Cristina Kirchner se movió por Paraguay sin inmutarse. Antes de que se fugara en 2012, Arroyo Salgado había pedido en tres oportunidades a la Cancillería argentina que lo extraditaran a los Estados Unidos, donde lo reclamaron por tráfico de pastillas de oxicodona. Nunca encontró una respuesta positiva.
Pérez Corradi se encargó ahora de atacar a la jueza por televisión y acusarla de haberle pedido 500 mil dólares para darle la libertad. En la misma entrevista, el detenido aseguró que pagaba 700 mil dólares por mes al kirchnerismo para protección. Altos niveles de absurdo: no pagó medio millón por la libertad y pagaba tres cuartos por mes para protección.
Desde 2008, sus abogados habían pedido cinco veces la excarcelación de Pérez Corradi a Arroyo Salgado. Nunca se la concedió porque se temía una fuga. Al final se la ordenó un diciembre de 2011 la Cámara Federal a otro juez: el inolvidable Norberto Oyarbide. ¿Qué ocurrió después? Se fugó.
Detrás de Pérez Corradi se movió un equipo de abogados. No parecen responder al physique du role de representantes de arrepentidos dispuestos a entregar narcotraficantes. Uno de ellos es José Manuel Ubeira, quien fue abogado de Juan José Ribelli, el millonario comisario de la Bonaerense que estuvo detenido por comerciar con la Trafic señalada como la portadora de la bomba que voló la AMIA. Aplicado, Ribelli estudió abogacía en la cárcel. Ubeira también defendió al serbio Dejan Trisic, procesado por sospechas de tráfico de cocaína. Otra figura estelar. Ahora Ribelli es abogado de Pérez Corradi. No está solo. Lo acompaña Carlos Broitman, quien está en pareja con la fiscal de San Isidro Mariana Busse, quien trabaja en la fiscalía de Julio Alberto Novo, investigado por encubrir a narcotraficantes. Todas casualidades.
La extradición a Estados Unidos había sido aprobada por la Corte Suprema antes de la fuga de Pérez Corradi, en 2012. Ahora Servini de Cubría la rechaza y, mientras tanto, extiende durante semanas una declaración indagatoria que debería tener como plazo perentorio de diez días hábiles a la espera de la información que entregará el arrepentido. A la luz de lo aportado hasta el momento, es aconsejable un lugar cómodo para esperar.
