Analizadas desde afuera, las elecciones argentinas denominadas PASO resultan difíciles de comprender dentro de la racionalidad electoral que rige el Estado de derecho. El movimiento constitucional se caracteriza por tratar de ordenar la realidad política y la gobernabilidad del Estado bajo un sistema normativo lógico, donde cada pieza del engranaje tiene su motivo.
Las elecciones internas de los partidos que competirán en las generales se justifican cuando existe competencia dentro de cada organización entre los diferentes movimientos que la componen y los líderes de cada uno de ellos.
El domingo 30 de junio pasado se celebraron en Uruguay las elecciones internas para que los partidos que competirán octubre eligieran sus candidatos. En los tres partidos con mayor representación parlamentaria y caudal de votos (Frente Amplio, Partido Nacional, Partido Colorado), diversos candidatos participaron de la contienda y generaron atención en el electorado, propuestas y estilos diferentes de encarar la actividad política y un sistema claro que delegó en los electores la decisión de juzgar quién de los contendientes contaba con el apoyo mayor de los electores.
Hubo sorpresas, surgimiento de nuevos liderazgos, afianzamiento de otros, confrontación de ideas y propuestas dentro de cada fuerza política. También sirvió para que precandidatos de distintas fuerzas debatieran públicamente y expusieran sus planes al electorado.
El resultado de la elección permitió cerrar las fórmulas y comenzar a diagramar la campaña para las elecciones generales de octubre, que se realizarán en la misma fecha que en Argentina. Pero de ningún modo su resultado fue entendido como el preanuncio de lo que sucederá en octubre ni provocó inestabilidades financieras e institucionales.
Las elecciones internas, como su mismo nombre lo expresa, sirven para dirimir cuestiones dentro de los partidos y determinar cuáles son las líneas y las personas que expresan mayoritariamente a la agrupación, y demuestran la solidez de la organización interna de los partidos políticos, que son instrumentos indispensables en las democracias contemporáneas.
En la reforma constitucional argentina de 1994 se introdujo una cláusula expresa en su texto que constituyó una de las novedades introducidas por esa modificación, que fue la de otorgar a los partidos políticos el carácter de instituciones fundamentales para el sistema democrático. Y expresamente dispone que garantizará la organización y el funcionamiento democrático de cada partido en su estructura interna, la representación de las minorías y la competencia para la postulación de los candidatos a cargos públicos electivos, entre otras características que deben reunir.
El sistema electoral adoptado luego y que introdujo las denominadas PASO, como supuesta forma de dar cumplimiento a la norma constitucional que dispone “la competencia para la postulación de candidatos”, ha sido hasta la fecha un rotundo fracaso. Cuando no existen contendientes dentro de las agrupaciones que aspiren a competir por el cargo, ¿qué sentido tiene convocar a elecciones? ¿Qué se dirime en las PASO si no hay diversos candidatos dentro de cada agrupación?
La pregunta no tiene respuesta. Este sistema se convierte en una encuesta financiada con dineros públicos que preanuncia e influye en el resultado de la elección general, y causa complicaciones de otra índole, como las que vimos reflejadas en el sistema económico y político de esta semana.
Desde 1994 hasta la fecha, el sistema de partidos políticos se ha visto derrumbado. Las grandes agrupaciones que marcaron la historia política del siglo XX en Argentina han visto modificadas sus estructuras internas, han sido obligadas a formar frentes y alianzas, mayoritariamente basadas en intereses electorales para cada situación más que en coincidencias programáticas.
Dentro de este panorama, las PASO pierden el sentido originario de organizar las agrupaciones y partidos políticos de acuerdo con la norma constitucional y solo sirven como un test público para prever el resultado de la elección general.
La laxitud demostrada por la sociedad argentina en el cumplimiento del orden jurídico establecido y la insistencia en el uso de excepciones e interpretaciones falaces del sistema tienen en esta desnaturalizada práctica una muestra más de su debilidad institucional.
*Prof. Derecho Constitucional. Autor de Corte Suprema Argentina. Luces y sombras.
