El Consejo de la Magistratura de la Nación en plenario, resolvió elevar a juicio político la causa por supuesto mal desempeño del juez de Ejecución Penal Axel López, por varias excarcelaciones “irregulares”, una de ellas por un condenado por violación que en libertad abusó y mató a una joven de 33 años.
Con ocho votos contra cuatro, la Magistratura resolvió elevar el jury al Jurado de Enjuiciamiento, órgano independiente que llevará adelante el proceso judicial contra el magistrado.
Cabe destacar, que en la Argentina existen sólo tres jueces de ejecución ante un cúmulo de delitos y cantidad de habitantes que excede a cualquier fuerza humana, explican los entendidos.
Es la primera vez, desde que se inauguró el sistema de juzgamiento de los magistrados, que el Consejo decide no suspender en su cargo al magistrado cuestionado mientras se sustancien los prolegómenos del proceso, que tiene un plazo máximo de seis meses.
La decisión fue adoptada por la mayoría calificada requerida de ocho votos contra cuatro que representan los dos tercios de los presentes, con una mayoría integrada por los representantes del kirchnerismo, la UCR y un abogado cercano al PRO.
El plenario tenía tres dictámenes para votar: el del abogado Daniel Ostropolsky, que proponía una sanción pecuniaria; el del juez Ricardo Recondo, que impulsaba un apercibimiento, y el del viceministro de Justicia, Julián Alvarez, que propugnaba el juicio político. Por este último votaron los consejeros Eduardo “Wado” De Pedro, Marcelo Fuentes, Ada Iturrez, Carlos Moreno y el propio Alvarez, todos identificados con el denominado “bloque kirchnerista”, más el abogado porteño Alejandro Fargosi, cercano al PRO, y los legisladores radicales Eduardo Aguad y Mario Cimadevilla.
En contra del Jury votaron los tres jueces, Alejandro Sánchez Freytes, Ricardo Recondo y Mario Fera, y el representante de los abogados del interior Daniel Ostropolsky. El catedrático Manuel Urriza, alineado con el oficialismo, no estuvo en la votación.
Ante el Jurado de Enjuiciamiento, serán acusadores contra Axel López, los consejeros que reemplacen al diputado nacional oficialistas Carlos “Cuto” Moreno y al diputado radical Oscar Aguad, que en principio serían Héctor Recalde por el oficialismo y Gustavo Valdés por la oposición.
Omisiones y atribuciones extras. Este fue el último plenario con esta conformación, ya que el próximo 18 de Noviembre asumirán los nuevos miembros de la Magistratura.
Sin embargo, el Consejo de la Magistratura, obvió tratar en el plenario de hoy la situación procesal de otros jueces federales, Claudio Bonadío, Norberto Oyarbide o Daniel Rafecas, como tampoco se explayó sobre la subrogancia del juzgado federal 1 de La Plata con competencia electoral. Jurisdicción bonaerense clave para definir las elecciones presidenciales 2015 entre Daniel Scioli y Sergio Massa.
Pese a ello, aprobaron la delegación de “atribuciones extraordinarias ilegales” en el Administrador General del Poder Judicial, Germán Krieger, según explican especialistas. De esta manera se vulneran todos los sistemas de controles internos en relación al manejo de los fondos del poder judicial de la Nación, sentenció un asesor opositor.
Esta decisión contó con el aval de los tres jueces, Cabral, Recondo y Sánchez Freytes como del diputado nacional radical Oscar Aguad y de los abogados Daniel Ostropolsky y Alejandro Fargosi.
A partir de la próxima conformación, la puja por el manejo de los fondos será central en la Magistratura entre el estamento judicial y los representantes de la Cámpora, el diputado Eduardo De Pedro y Julián Alvarez, ya que contarán con los siete votos para vetar decisiones “sensibles”.
La justicia federal en cinco causas investiga el “accionar” del Administrador General Germán Krieger y del presidente de la Comisión de Administración Financiera, Mario Fera en contrataciones, licitaciones y en el manejo de los fondos públicos del poder judicial de la Nación.
Además, el fiscal Federico Delgado y el juez Luis Rodriguez, investigan el presunto nombramiento "ilegal", sin título habilitante de Krieger, efectivizado durante el 2009, por el entonces presidente de la Magistratura, Luis María Cabral.
Delgado solicitó una serie de medidas de pruebas, pericias con la intervención de la Auditoría General de la Nación y la “indagatoria” de los responsables de este supuesto accionar “delictual”, explicaron voces con acceso al expediente.
