POLITICA

Embargan por enriquecimiento ilícito al salteño Juan Carlos Romero

El exgobernador habría incrementado su patrimonio en forma "apreciable" tras asumir. El domingo perdió las elecciones contra Urtubey.

El candidato a gobernador, Juan Carlos Romero emitió su voto.
| Télam

El exgobernador salteño Juan Carlos Romero fue sancionado con un embargo preventivo en dos propiedades por enriquecimiento ilícito según dictaminó el juez de Garantías de Cuarta Nominación, Diego Rodríguez Pipino. El domingo había perdido en las elecciones contra el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey

El magistrado hizo lugar a la medida cautelar solicitada por la fiscalía y embargará dos propiedades de Jucaro SA y Loma Balcón SA donde “el imputado tiene participación en ambas sociedades según habría quedado acreditado en el legajo de investigación con copias de sus mismas declaraciones juradas”, según informaron fuentes judiciales a diario Punto Uno.

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El pedido fue realizado por la Fiscalía de Delitos Económicos Complejos señalando que se formuló un decreto de citación a audiencia de imputación en contra de Romero, atribuyéndole provisionalmente el delito de enriquecimiento ilícito.

“La evidencia recogida surgiere que el investigado, mediante personas interpuestas para disimularlo, habría obtenido un incremento patrimonial apreciable posterior a la asunción de su cargo como Gobernador de la Provincia, el que aparecía como considerable e injustificado, en tanto se presentaba como excesivo respecto a los ingresos legítimos que hubiera tenido durante el ejercicio de sus funciones, sean que hubieran provenido de su función o aún de la actividad privada en la que participaba”, asegura.

Romero fue senador nacional por Salta de 1987 a 1995, Gobernador de la provincia de Salta, en tres períodos consecutivos, de 1995 a 2007; y dos veces reelecto Senador Nacional por el período 2007 - 2013 y 2013 -2019. A su vez, fue vicepresidente primero del Senado de la Nación y hoy ocupa la vicepresidencia segunda.

El juez consideró que la medida surge como “adecuada para resguardar preventivamente los bienes que eventualmente pueden ser decomisados y evitar que se realicen actos evasivos tendientes a ocultar y dificultar la detección de los bienes sujetos a decomiso –enajenación a terceros, etc.-“.