Como parte del paquete de medidas que el Gobierno busca implementar para lograr la reactivación económica post pandemia, el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa presentó un proyecto para la condonación de deudas para entidades sin fines de lucro y las denominadas MiPymes, vencidas hasta el 31 de agosto de 2021.
El proyecto al que tuvo acceso PERFIL también contempla a contribuyentes que tienen deudas inferiores a los $100.000.
El costo fiscal de la medida está calculado en unos $13.000 millones y permitiría dejar "en cero la deuda líquida y exigible de 600 mil contribuyentes", lo que significaría un promedio de $21 mil por contribuyente, lo que se espera se pueda utilizar para reactivar el consumo y la maquinaria económica.
"Se condonan las deudas tributarias, aduaneras y de la seguridad social para las entidades que conforman el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios (SNBV), previsto por la ley 25.054 y toda otra entidad sin fines de lucro, incluidas organizaciones comunitarias inscritas como fundaciones, asociaciones civiles, simples asociaciones y entidades con reconocimiento municipal".
Según se explica desde el massismo, "el costo fiscal de esta medida es realmente teórico: nunca se ejecuta operativamente la deuda de un cuartel de bomberos o una fundación".
De acuerdo a los cálculos preliminares "las entidades sin fines de lucro con deuda líquida y exigible ante AFIP ascienden a cerca de 45.000 con un importe adeudado de $15.000 millones aproximadamente".
La oposición ya expresó sus reparos respecto a esta medida que podría tener rápido curso en el Congreso y puso el foco en el costo fiscal.
Es tal la desesperación del Gobierno por la derrota electoral que acaba mandar proyecto de ley al Congreso para que la AFIP directamente perdone deudas impositivas por 28 mil millones de pesos. Sí, el mismo gobierno que aumentó impuestos al ritmo de uno por mes desde que asumió.
— Alejandro Cacace (@alejandrocacace) September 21, 2021
El mapa de los contribuyentes
El análisis del universo de contribuyentes indica que hay un total de 3 millones,, sin considerar a los 4,1 millones de monotributistas. De esos, 900 mil tienen deuda líquida y exigible con AFIP, de los cuales 600 mil tienen deudas inferiores a $100 mil.
El total acumulado da como resultado unos $13.000 millones, que es lo que el massismo exhibe como posible gasto fiscal.
Eventualmente, se podría ampliar o limitar el beneficio a los sectores más afectados por la pandemia, como podrían ser los comercios minoristas y los restaurantes, entre otros.
En febrero de 2021 y con similares intenciones de poner dinero en el bolsillo de los contribuyentes a distintas escalas, Massa presentó el proyecto de reforma del Impuesto a las Ganancias que estableció como piso $150.000 el monto a partir del cual el Estado cobraría el gravamen.
El texto llevó varios meses de discusión en el Congreso por lo que al momento de su aprobación se determinó su aplicación retroactiva al 1° de enero y el Gobierno definió el pago en cuotas de la devolución correspondiente a cada trabajador.
Con la inflación a paso firme, el oficialismo ya analiza subir el mínimo no imponible del impuesto a $175.000 lo significaría reducir la cantidad de trabajadores registrados obligados a realizar el tributo.
Una nueva moratoria
El proyecto establece además una ampliación de la moratoria para las deudas vencidas entre el 1 de agosto de 2020 y el 31 de agosto de 2021.
La anterior moratoria votada en el Congreso incluía deuda vencida hasta el 31 de julio de 2020 y es por eso que se propone ampliar para deudas desde el 1 de agosto de 2020 al 31 de agosto de 2021.
En la actualidad, la deuda corriente postpandemia asciende a $290 mil millones, concentrada en las Pymes. Ese importe equivale al 36% de la recaudación mensual promedio, que hoy oscila los $ 825.000 millones.
Ultiman detalles del “Plan Recuperación” con subas para jubilados y subsidios al consumo
Al momento de sancionarse la moratoria de diciembre de 2019, ese índice era de 40,5%. En rigor, la propuesta es ampliar la anterior ley, pero reduciendo la cantidad de cuotas a la mitad y así evitar que los contribuyentes refinancien la deuda de la moratoria anterior.
El proyecto establece distintas cantidades de cuotas de acuerdo al tipo de entidad o de organismo que se suscriba a la moratoria pero en todos los casos se establece que la primera cuota no puede vencer antes del 16 de noviembre, justamente dos días después de las elecciones generales.
