domingo 20 de junio de 2021
POLITICA La cuestionada "Sputnik V"
23-12-2020 02:02

En detalle: qué dice la denuncia de Carrió contra el Gobierno por la vacuna rusa

La Coalición Cívica acusó a Alberto Fernández y Ginés González García por los delitos de "atentado contra la salud pública, defraudación al Estado e incumplimiento de deberes de funcionario público".

23-12-2020 02:02

En un texto de 12 páginas, la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, denunció al Gobierno nacional por la compra de la vacuna rusa Sputnik V que llegaría al país el jueves 24 de diciembre.

La acusación apunta al presidente Alberto Fernández, al ministro de Salud, Ginés González García y a "cualquier otro funcionario que hubiera participado en gestiones, contratación y firma de contratos con el gobierno de Rusia, para la reserva, adquisición y comercialización de la vacuna Sputnik V".

La denuncia apunta a la posible comisión de los delitos de "atentado contra la salud pública; defraudación al Estado, Incumplimiento de Deberes de Funcionario Público".

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Principalmente, el texto cuestiona al Gobierno por la falta de datos científicos de la vacuna rusa, la escases de información que brinda el Ejecutivo sobre la compra y las contradicciones en los discursos de los distintos funcionarios argentinos.

  • Vacuna de interés público. En primer lugar, cuestionan la ley aprobada en el Congreso que declaró de “interés público a la vacuna contra el Covid-19 porque "incluía cláusulas de confidencialidad para los Laboratorios y prórroga de jurisdicción".
     
  • Falta de información del Gobierno. En esa línea, apuntaron a la falta de información: "Carecemos de información fidedigna sobre tratativas, con contratantes, laboratorios, número de dosis a adquirirse, costos, fechas de entrega, etc. La información sobre reserva y adquisición se mantiene absolutamente blindada por parte del gobierno argentino".
     
  • Preferencia por la Sputnik. Asimismo, criticaron el "direccionamiento" a la compra de la vacuna rusa: "Los Legisladores nacionales no hemos podido acceder, pese a numerosos pedidos de Acceso de Información Pública, al conocimiento de cuáles son las razones por las cuales el Poder Ejecutivo, redireccionó –casi en exclusividad- todo su esfuerzo para la adquisición de la vacuna Sputik V, soslayando otras opciones de vacunas, ya avanzadas en el conocimiento de su posible eficacia". Y recuerdan la primera comitiva a Rusia que encabezó la secretaría de Salud Pública, Carla Vizzotti. "La contratación y adquisición de esta vacuna, parece haber desplazado las otras opciones que ya completaron sus fases de experimentación y que han comenzado a aplicarse en países europeos y EE UU", afirmaron.
     
  • Contradicciones. También criticaron las contradicciones en los anuncios y datos que brindó el oficialismo, sobre todo, la declaración del presidente de Rusia Vladimir Putìn cuando afirmó que la vacuna Sputnik V no era recomendada para adultos mayores de 60 años. "La declaración pública lanzada por el jefe de estado ruso, nos previno, sobre la imposibilidad de inmunizar, a través de esa vacuna, a uno de los grupos de riesgo que, el gobierno argentino, se había comprometido a priorizar en la protección a la salud", agregaron.
     
  • Falta de datos científicos. "En septiembre, con los primeros resultados analizados por publicaciones especializadas en ciencia, como The Lancet, ya se advertía también que la vacuna emblema de Rusia contra la pandemia había sido probada en escasa cantidad de personas y fuera del mayor grupo de riesgo según la edad", dijeron.
     
  • Fase 3. En esa línea, cuestionaron que "la Fase III del ensayo, no estaba ni está finalizada" y la compararon con la de Oxford-AstraZena. "La información científica es coincidente en estimar la extensión temporal de esa fase, en un promedio de cinco (5) meses. Es el tiempo que demandó la vacuna de Oxford-AstraZeneca, quienes extendieron la tarea entre los meses de mayo a Noviembre del presente año, en un voluntariado promedio de 30.000 personas, para que sus resultados cumplan con la garantía de seguridad y eficacia. Rusia dio inicio a esta tercera fase, recién en el mes de septiembre, lo que supone una probabilidad de comprobación, recién para los meses de marzo/abril del año próximo. Así y todo, Argentina será el primer país de la región, en aplicarse masivamente esta vacuna".
     
  • Geopolítica. Como lo viene haciendo públicamente Carrió, acusaron al Gobierno de buscar una "alianza geopolítica": "Los funcionarios del Poder Ejecutivo, mantienen reuniones y tratativas secretas con funcionarios rusos, a espaldas del pueblo argentino y de sus representantes en el Congreso de la Nación, pese a la trascendencia e interés público. En este sentido advertimos alarmadas que, este canal de negociación casi exclusivo con Rusia, para una operación de esta implicancia, está más relacionada a una cuestión geopolítica internacional, que a un interés y preocupación sanitaria, beneficiosa para el pueblo argentino".
     
  • Peligros. "Esta operación comercial pone en riesgo a la totalidad de la población argentina, en su integridad física y en especial a quienes serán sus primeros receptores. Tal anunció el gobierno argentino, será aplicada al personal de salud y seguridad; implicando esto, que serán ellos los elegidos para completar la Fase III, con desenlace impredecible y, con la posibilidad -según sus resultados- de tener bajas, en quienes tienen a su cargo la noble tarea de atender la cuestión de seguridad y sanitaria general", explicaron.
     
  • Precio. También apuntaron a que no conocen el dinero que pagará Argentina a Rusia por la vacuna: "No sabemos cuánto abonara el gobierno argentino, por un producto cuya respuesta inmune se ignora y que no garantiza la seguridad de la población sometida a su aplicación, porque se ignoran los efectos colaterales y/o adversos.
     
  • Atentado contra la salud pública. "Esto nos enfrenta a una doble alarma. Por un lado, como amenaza cierta a la integridad y protección de la salud pública de los argentinos que deban acceder a su aplicación", dijeron.
     
  • Defraudación al Estado. Y agregaron: "Por otro la posible defraudación al Estado, al avanzarse sobre una erogación multimillonaria, por un producto no apto para inmunizar a los receptores. La dimensión de esta operación implementada desde el vértice mismo del Poder Ejecutivo de la Nación, admite una urgente intervención, a riesgo de desencadenar consecuencias indeseables y aún irreparables a escala general".

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"Atentado contra la salud pública"

Luego, explican por qué denuncian "atentado contra la salud pública". "En el caso concreto de los denunciados, desplegaron acciones que podrían poner en peligro a la población que reciba esta vacuna, representándose un posible resultado adverso", afirman en una extensa explicación jurídica.

"Descontamos que la supresión de etapas y requisitos impuestos a nivel local y mundial, no admitirían la posterior autorización del ANMAT para su distribución y uso. De ser así, ese organismo estaría quebrantando las obligaciones ínsitas a su competencia, por lo que deberían quedar -y así lo pedimos- bajo el manto de la presente investigación criminal", agregaron.

En cuanto al marco jurídico, mencionan el art 193 bis (Ley 26.362) del Código Penal: “Será reprimido con prisión de seis meses a tres años e inhabilitación especial para conducir por el doble del tiempo de la condena, el conductor que creare una situación de peligro para la vida o la integridad física de las personas…”.

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"Abuso de autoridad - violación de deberes de funcionario público"

En cuanto a este delito en particular, mencionan: "Y si bien mediante el artículo 9°, se autorizó, por la excepcionalidad del contexto pandémico, a los organismos competentes a realizar la aprobación de emergencia de las vacunas objeto de esta ley, se ha hecho con la exigencia que dicha autorización excepcional se haga con el debido respaldo de la evidencia científica y bioética que permita comprobar su seguridad y eficacia".

E insisten con el "hermetismo" del Gobierno: "Negado a dar información certera, con más los mensajes contradictorios que hicieran trascender distintos funcionarios, no logramos tomar conocimiento de información oficial al respecto. Lo cierto y concreto es que la decisión del gobierno nacional es aplicar la vacuna Sputnik V de forma inmediata, cuando no existe ninguna certificación de la efectividad de la misma, ni nacional ni internacional, encontrándose aún en fase de prueba".

Luego, suma más explicaciones jurídicas de por qué deciden denunciar este delito. "Se trata de un delito doloso, de dolo directo, que exige la conciencia de la ilegitimidad o arbitrariedad del acto y la voluntad de llevarlo a cabo, es decir, la intencionalidad de violar el orden jurídico vigente. La que se encuentra sin dudas presente en el ánimo de todos los funcionarios partícipes de las acciones descriptas ut supra, protagonizadas con evidente desprecio por las normas vigentes".

"De acuerdo a eso, resulta evidente que a la fecha, no se encuentra acreditada aún la eficacia de la vacuna respecto de la finalidad para la que fuera adquirida, por lo que, como veremos- de confirmarse la ineficacia de la misma, el accionar de los funcionarios encargados de la adquisición, estaría configurando también, el supuesto previsto por el art. 173 inc. 7 del Código Penal, en virtud del art. 174 inc. 5 del C.P", afirman.

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"Fraude en perjuicio de la administración pública"

Sobre el último de los delitos denunciados, citan el artículo 174 inciso 5° del Código Penal sanciona con prisión de dos a seis años, a aquel que cometiere fraude en perjuicio de alguna administración pública

"No remitieron documentación alguna relacionada a la adquisición de la vacuna Sputnik V; siendo justamente esta la que se proyecta distribuir y aplicar en lo inmediato y, antes que cualquiera. Tampoco se remitió documentación alguna de la vacuna de origen ruso a la Auditoría General de la Nación, pese a que la ley así los obliga", explican.

Y vuelven a cuestionar el dinero que desembolsará el Estado nacional: "En relación al posible valor de adquisición, estimado entre 8 y 10 dólares cada dosis, ya sea que se hayan adquirido las 10 millones de dosis que se sostuvo para una primera tanda, o el total de entre 20 y 25 millones de dosis , estaríamos estimando, una erogación de entre 80 y 250 millones de dólares, en perjuicio del erario".

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Las medidas que proponen los denunciantes

  1. "Se libre oficios a ANMAT, a la Presidencia de la Cámara de Diputados y del Senado y al presidente de la Auditoria General de la Nación a efectos de que remitan totalidad de la documentación original y/o copias certificadas habida en dichos organismos relacionada a la adquisición, distribución y eventual aplicación de la vacuna Sputnik V".
     
  2. "Se oficie a la Asesoría Legal y Técnica de la Presidencia a efectos de remitir informe técnico sobre funcionarios que hubieran representado al Estado argentino en las negociaciones con el Estado ruso, para la adquisición de la vacuna Sputnik V, así como informe sobre documentación y términos de toda contratación, que se hubiera suscripto entre ambos países".
     
  3. "Se tenga por radicada la presente, peticionando una urgente intervención e investigación, atento la eventual y grave afectación que pudiera irrogarse a la población argentina".

EuDr / ds