Luis Petri descartó la posibilidad de liberar o conceder prisión preventiva a los genocidas

El ministro de Defensa, Luis Petri, descartó la posibilidad de liberar o darle prisión preventiva a los genocidas. "No está en la agenda del Gobierno", respondió ante la consulta de un periodista en la conferencia de prensa que brindó junto a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en la que anunciaron modificaciones a la ley de Seguridad Interior.

“A nuestras Fuerzas Armadas se las ha demonizado, denostado, vapuleado, perseguido porque ha habido un sesgo ideológico y no se las ha utilizado como corresponde”, sostuvo el ministro de Defensa. Mientras que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró que “las Fuerzas Armadas argentinas han tenido un período determinado, pero también han sido las Fuerzas Armadas de la libertad de la Argentina, las que hicieron que Argentina sea un país libre e independiente”.

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Petri fue breve en su respuesta, sin embargo, el miércoles pasado participó en la presentación de un libro sobre el coronel Argentino Del Valle Larrabure en el Círculo Militar, donde se denunció una supuesta "demonización de las Fuerzas Armadas que actuaron en la década del 70 y se dijo que hay un “hilo conductor” entre el “combate al terrorismo del pasado” y la necesidad de actuar en Rosario.

En el acto, el discurso del ministro de Defensa no pasó desapercibido. "Vengo a pedir perdón por el olvido de la democracia con este héroe", comenzó Petri.

El ex compañero de fórmula de Patricia Bullrich parafraseó un discurso que pronunció el entonces presidente Néstor Kirchner, hace exactamente veinte años, en marzo de 2004, cuando se creó el Museo de la Memoria donde funcionó la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).

"Como presidente de la Nación Argentina vengo a pedir perdón de parte del Estado nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia por tantas atrocidades", dijo Kirchner. "Sentí la necesidad de estar acá para homenajear a Larrabure que como buen soldado dio la vida por su Patria", expresó.

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Además, allí el funcionario se fotografió junto a la titular de la Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos de Argentina (AFyAPPA), Cecilia Pando, y otras mujeres, como Ana Magi (esposa de Ernesto "Nabo" Barreiro, condenado a prisión perpetua por crímenes en La Perla de Córdoba), María Inés Hansen (esposa de Aldo Martínez Segón, condenado a perpetua por crímenes en Chaco) y María Inés Lamolla (esposa de Carlos Esteban Plá, condenado a perpetua por crímenes en San Luis) que piden liberar represores de la última dictadura cívico militar.

Todas fueron firmantes de la carta que se publicó en enero en el diario La Nación en la que se preguntaban “por qué las autoridades no cumplen con las promesas hechas a los familiares de las víctimas del terrorismo judicial de hoy y abandonan a quienes lucharon también por las vidas de ellos y los retienen presos hasta los 100 años sufriendo tratos crueles y degradantes”.

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La fotografía generó una ola de indignación de distintos sectores vinculados al movimiento de Derechos Humanos y a la dirigencia política opositora, que tomaron el acercamiento del funcionario a Pando como un gesto de provocación en un asunto que reviste una sensibilidad extrema, a apenas tres días de cumplirse un nuevo aniversario del golpe militar que dio inicio a etapa más siniestra de terrorismo de Estado que vivió nuestro país. 

Es que Pando y su marido, el mayor retirado Pedro Rafael Mercado, vienen reclamando que, antes de enviar a las Fuerzas Armadas a realizar tareas de seguridad interior, deben liberar a los represores que aún están presos.

Cabe señalar, que el jefe de gabinete de Patricia Bullrich, Carlos Manfroni, escribió el año pasado que se estaba buscando una “solución” para los mayores de 70.

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Actualmente, esa es la principal estrategia de los sectores pro-represores. Dentro de ese enfoque, se inscribe un pedido a la Cámara de Casación Federal para que determine si los mayores de 70 años pueden acceder automáticamente al beneficio de prisión domiciliaria o si se requiere probar que sus patologías no pueden ser atendidas en dependencias del Servicio Penitenciario.

Cabe mencionar que, según las últimas estadísticas de la Procuración, el 77% de los detenidos está en sus casas.

RM / DS / Gi