En Santa Fe continúa la purga policial. También, los allanamientos, las acusaciones pesadas, las sospechas de complicidad entre los agente y los narcos, las promesas oficiales de implementar una reforma integral y las quejas de la oposición. El ministro de Seguridad Marcelo Saín echó al subjefe de la policía provincial Martín Musuruana. En el gobierno de Omar Perotti conectan esta decisión con la tomada hace dos semanas, cuando Saín expulsó a toda la cúpula policial de la Unidad Regional I. La UR número 1 tiene base en la ciudad de Santa Fe y es la más importante de la provincia junto a la de Rosario.
La salida de Musuruana derivó de una investigación judicial que conducen las fiscales de Delitos Complejos Mariela Jiménez y María Laura Urquiza. El primer paso público lo dieron el 2 de mayo pasado, al ordenar el allanamiento de la sede del Comando Radioeléctrico de la ciudad de Santa Fe, en una causa por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público.
A raíz de esa decisión judicial, el Ministerio de Seguridad desplazó a la cúpula de la Unidad Regional I de Policía, la de la ciudad provincial. Según las sospechas de Saín, la jefatura de la policía incautaba droga y después la vendía. Santa Fe arrastra graves problema de inseguridad y crimen organizado. Así, el comisario mayor Daniel Filchel fue reemplazado por una interventora: la comisaria Marcela Muñoz.
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A Filchel además le achacan una serie de irregularidades administrativas, que derivaron en el allanamiento del Comando Radioeléctrico por orden el Ministerio Público de la Acusación.
El martes pasado, la investigación avanzó con dos allanamientos. Ambos fueron dictados por las fiscales Jiménez y Urquiza. Uno se concretó en el archivo de la policía, ubicado en la ciudad de Santa Fe. En la pesquisa se llevaron información sobre compras, pagos a proveedores, horas adicionales y gastos generales realizados en 2017 en la Unidad Regional II de Rosario. Ahí se habrían detectado pruebas sobre mecanismos de corrupción. policial.
El otro allanamiento, también en el edificio policial de Santa Fe, tuvo conexión directa con el anterior, ordenado el 2 de mayo en el Comando Radioeléctrico. Es decir, las movidas recientes de las fiscales tienen vínculos con las irregularidades ya identificadas previamente: las que empujaron a Saín a desplazar a la cúpula policial de la seccional santafesina.
Antes de desempeñarse como subjefe de la Policía de Santa Fe, Musuruana, fue durante mucho tiempo titular de la PDI en la Unidad Regional I. El comisario desplazado será reemplazado por otra mujer: Emilce Chimenti, que estaba al frente de la Unidad Regional IV del departamento Caseros.
Los cambios en la policía coinciden con otro ambicioso plan reformista de Saín. El ministro armó tres proyectos de ley vinculados a la seguridad en la provincia. Saín apuesta a recibir el apoyo explícito de Perotti en las cámaras provinciales de Diputados y Senadores. El trazo grueso de los proyectos busca reafirmar la conducción civil de la policía. Se trata de una tendencia que había Saín ya había introducido al comienzo de su gestión, antes de la explosión de la pandemia.
Los proyectos de ley que apura Saín son tres: “Control del sistema policial de la Provincia”; de “Seguridad Pública”; y una reforma integral “del Sistema Policial”. Su plan es potenciar los controles sobre la fuerza: pretende que el “procedimiento disciplinario para faltas graves y muy graves se lleve a cabo por funcionarios del Ministerio de Seguridad, en un organismo externo e independiente del sistema policial; y que sólo las faltas menores y cotidianas se diriman al interior de la policía, garantizando que los jefes policiales cuenten con una herramienta de sanción para el correcto funcionamiento operativo”.
También impulsa “un nuevo esquema de formación y capacitación en seguridad y, particularmente, policial; la coordinación con los actores locales en un espacio institucional claramente definido”. Saín a su vez aspira a reemplazar la ley orgánica de la policía, sancionada en 1975. El ministro quiere establecer nuevos criterios de organización y ascensos.
El miércoles próximo, Saín expondrá sus proyectos en la Universidad de Rosario. Lo hará junto al especialista en derecho penal Alberto Binder, presidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip).
En paralelo, Saín se convirtió en un puching-ball para la oposición santafesina. Tanto la socialista, como una parte del peronismo. El jueves, los legisladores del propio justicialismo y de la UCR le pidieron al ministro de Seguridad que deje de imputarles la protección a narcotraficantes.
"Estoy convencido de que ninguno de los senadores que componen esta cámara tienen la más mínima relación con estos delincuentes que trafican con la vida de los jóvenes y los seres humanos", se quejó el senador peronista Raúl Gramajo.
AF/MC
