POLITICA
plan de reparto

Escándalo por los alimentos: en otro revés para el Gobierno, la Cámara Federal confirmó la cautelar de Casanello

Luego de la audiencia que se celebró este martes, los jueces Eduardo Farah, Roberto Boico y Martín Irurzun decidieron que Capital Humano informe cómo distribuirá los alimentos. Pidieron sanciones contra Juan Grabois y Leila Gianni por su comportamiento.

Leila Gianni y Juan Grabois
Leila Gianni y Juan Grabois | Captura de Video

Los jueces Eduardo Farah, Roberto Boico y Martín Irurzun decidieron este miércoles confirmar la cautelar que Sebastián Casanello impuso al Ministerio de Capital Humano, dirigido por Sandra Pettovello, para que entregue un cronograma de reparto de los alimentos guardados en los depósitos de Villa Martelli (Buenos Aires) y Tafí Viejo (Tucumán). 

La solicitud del juez Casanello fue apelada por el Gobierno, a través de la subsecretaria de Legales del ministerio, Leila Gianni, alegando (entre otros argumentos) que la Justicia no podía entrometerse en un hecho de política pública y su ejecución. "No vamos a permitir que jueces militantes nos digan cómo diseñar o ejecutar una política pública", llegó a decir incluso Gianni en una entrevista televisiva con LN+.

Ahora, con la decisión de la Cámara Federal porteña, el Gobierno deberá informar el stock de alimentos que se encuentran almacenados y también presentar un plan para distribuirlos, como había solicitado Casanello. 

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Sebastián Casanello
Juez Sebastián Casanello

“Corresponda recordar a la parte apelante, representada por la Ministra de Capital Humano, que la materia en examen es parte del universo que se nos ha encomendado a los jueces conocer; que en nuestra intervención se debate la primacía de la Ley Fundamental y la protección de los derechos básicos de todos los ciudadanos y que son esas directrices las que en el caso se han expresado, confiriendo legalidad y legitimidad a nuestra resolución", expresó Farah sobre ese argumento de la cartera social.

Y continuó: "Por lo que, en aras de que las instituciones funcionen y se respeten, es que la Sra. Ministra de Capital Humano deberá ajustar su proceder al debido acatamiento de la orden judicial que aquí se confirma. De no hacerlo de ese modo en el plazo de 24 horas de notificada de este pronunciamiento, su conducta configurará el delito de desobediencia a una orden judicial (art. 239 del Código Penal), más allá de comunicar, a la ciudadanía, la traición a los postulados del sistema republicano”. 

El escándalo por los alimentos en Capital Humano suma ya varios episodios. A la denuncia de Grabois en febrero, se sumó la confirmación del Gobierno Nacional de que existían alimentos que no se habían repartido a comedores. Posteriormente, Casanello ordenó que se presente un plan para distribuirlos, una decisión que fue apelada por Capital Humano. Días después, el propio ministerio dijo que sí los repartiría "de inmediato" porque existían productos con vencimiento próximo, lo que originó la eyección de su puesto del secretario de Niñez y Familia, Pablo de la Torre, quien incluso fue denunciado por la cartera de Pettovello. Esta semana finalmente comenzaron a distribuirse. 

Entre sus argumentos, el juez Irurzun alegó que "no puede sostenerse -como pretende la recurrente- que estamos en presencia de una intromisión indebida de la justicia en esferas que son de exclusiva competencia de otro órgano del Estado: no están en discusión las políticas de Estado en materia de seguridad alimentaria sino, lisa y llanamente, si existió una ilícita actuación de funcionarios públicos que agravó aún más la situación catastrófica en la que se encuentra un importante grupo de personas que no tienen sus derechos humanos básicos cubiertos”.

El juez Boico, por su parte, expresó que contrariamente a lo que se expuso desde Capital Humano, Casanello no indicó al organismo "que procediera a la inmediata entrega de los productos a actores determinados, sino que se le pidió la inmediata presentación de un plan conteniendo el cronograma a ejecutarse”. “A cuenta de ello, insisto, no es cierta la vehemente afirmación, incluso desmedidamente adjetivada, de que el Poder Judicial de la Nación estaría invadiendo incumbencias exclusivas del Poder Ejecutivo al pretender instrumentar políticas de Estado referidas a la distribución alimentaria orientada a colectivos vulnerables. Es justamente lo contrario”, agregó, en otra respuesta a las declaraciones de Gianni sobre la supuesta intromisión de la Justicia.

Las críticas contra Grabois y Gianni

Este martes se llevó adelante la audiencia donde la funcionaria de Capital Humano había adelantado que se presentaría personalmente para explicar los motivos de la negativa para entregar alimentos. Allí también estaba Grabois, en calidad de querellante. Luego de un comienzo caldeado, ambos se encontraron fuera de la audiencia y, entre gritos y chicanas, se volvieron virales por ese momento

A partir de este comportamiento, los jueces realizaron un llamado de atención sobre ambos al Colegio de Abogados y al propio ministerio donde Gianni se desempeña. Es por ello que ordenaron “el libramiento de oficios con copia del presente pronunciamiento al Colegio Público de Abogados de esta ciudad y al Ministerio de Capital Humano de la Nación a fin de que, en el marco de sus respectivas competencias disciplinarias, evalúen las conductas desplegadas por Juan Grabois y Leila Gianni en la audiencia celebrada ante esta Sala”. 

Farah, por su parte, expuso que  las partes "no contribuyeron en nada para la solución del caso". 

El caso

En febrero, Grabois presentó una denuncia penal contra la ministra Pettovello por "incumplimiento de los deberes de funcionario público" y también por "suspender la entrega de alimentos básicos a los comedores mencionados, incumpliendo así, las obligaciones vigentes para que al menos 13 millones de personas puedan comer dos veces al día".

En la denuncia, se acusaba a la cartera social de "no disponer la entrega de alimentos en comedores barriales y comunitarios de toda la Argentina, violando así, normas que ordenan garantizar el alimento a quienes están padeciendo situaciones de extrema pobreza e incumpliendo sus obligaciones como ministra con competencia directa en el tema".

Sin embargo, el caso explotó meses más tarde, generando un conflicto todavía con final abierto y que incluso hirió al Gobierno Nacional por los hechos que incluye, donde se combinan acusaciones de corrupción e inoperancia. 

 

 

Gi