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Fernando de Andreis, hombre clave de Macri, será investigado por enriquecimiento ilícito

El diputado Rodolfo Tailhade lo denunció por presunto incremento patrimonial que no podría justificarse con los ingresos declarados. El juez Sebastián Casanello delegó la causa en el fiscal Jorge Di Lello.

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El ex funcionario de Macri, Fernando de Andreis, será investigado por enriquecimiento ilícito. | Cedoc Perfil

El fiscal federal Jorge Di Lello solicitó este miércoles 10 de febrero iniciar una investigación contra Fernando De Andreis, el exsecretario general de la Presidencia durante la gestión de Mauricio Macri al frente de la Casa Rosada, por presunto enriquecimiento ilícito.

El pedido se realizó en el marco de una denuncia que presentó la semana pasada el diputado nacional del Frente de Todos, Rodolfo Tailhade.

El escrito sostiene que De Andreis pasó de tener en 2015 un patrimonio declarado de 2.258.147 de pesos y se retiró en 2019 con 13.149.190 de pesos. De acuerdo a la denuncia de Tailhade, el ex funcionario nacional no puede justificar ese crecimiento.

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En tanto, además del exsecretario de Macri, fueron imputados su esposa, María Sol Ascanope; la ex subsecretaria de Comunicación Presidencial y actual integrante de la Fundación Mauricio Macri-Cambiar es Posible, Fátima Micheo; su pareja, Andrés Grippo; dos empresas y una inmobiliaria.

Tailhade manifestó que "de la propia declaración jurada se pueden apreciar inconsistencias, como así también actos que dan cuenta de un incremento patrimonial que no tiene justificación con los ingresos declarados", planteó.

El diputado del Frente de Todos apuntó además que De Andreis “incrementó su patrimonio de 8 mil a 19 mil dólares” y cuestionó las diferencias en los años que declaró haber comprado acciones de la empresa Boizo Investment S.A.

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Por último, la denuncia señala también la compra en diciembre de 2018 de un departamento en Barrio Parque, escriturado por 31.154.880 de pesos y con un valor de mercado de dos millones de dólares, y del cual de Andreis reconoció ser dueño del 50 por ciento. La causa está a cargo del juez Sebastián Casanello quien la delegó en la fiscalía.

AG/MC