A menos de una semana de haber pedido al Consejo de la Magistratura que se investigue cómo se conformó la Sala que determinó la libertad del empresario Cristóbal López, la Corte envió ayer un escrito a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) por la filtración de escuchas que involucran a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y su ex secretario, Oscar Parrilli. El pedido se da en un contexto de cruces entorno de la justicia federal en el que, entre otras cosas, la Corte inhabilitó hace casi dos semanas el tribunal que iba a juzgar a CFK, lo que provocó cierto malestar en el Ejecutivo.
A través del escrito, con las firmas de sus cinco miembros, el máximo tribunal de justicia del país pidió al titular de la AFI, Gustavo Arribas, que informe las actuaciones que se hayan hecho en el organismo para determinar responsabilidades que pudieran corresponder los agentes “en la captación, transmisión, entrega resguardo de la cadena de custodia de los datos obtenidos mediante las interceptaciones telefónicas ordenadas”, en el marco de la causa que se investigaba a Parrilli por su presunta responsabilidad en la fuga de Ibar Esteban Pérez Corradi.
En el texto se resalta que, tras conocer las filtraciones de las escuchas se pidieron informes a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación (DAJUDeCCO), Oficina de Captación de Comunicaciones, y al juez Ariel Lijo, quien había encargado la escuchas en el expediente de la investigación judicial que tramitaba en su juzgado. Detallan que de esos informes se desprende que a pedido de Lijo, en la sede de la DAJUDeCCO, se requirió la captación por el término de treinta días, que luego se extendió dos veces más, “de las comunicaciones entre dos abonados bajo la modalidad de escucha directa”. Y agregan que para eso se “se autorizó al personal de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) diligenciar el oficio, llevar cabo las tareas de escucha directa y retirar los CDs con las grabaciones”.
Los magistrados también explicaron que ya habían pedido al juez Rodolfo Canicoba Corral, que lleva la causa penal que se inició partir de la filtración de las escuchas judiciales, que informe “si se han detectado circunstancias que permitan atribuir algún tipo de responsabilidad de los agentes de la DAJUDeCCO si existe alguna observación respecto la forma en que se desarrollan sus tareas, que sea susceptible de afectar los principios de transparencia, confidencialidad custodia”. Y resaltaron cómo suscribieron ante el Congreso, para ser auditados y garantizar la transparencia de la Oficina, tras lo cual, ahora apuntaron a las posibles responsabilidades de la AFI.
