Siete denuncias penales y un fraude de más de $ 380 millones es la conclusión a la que arribó una auditoría que el gobierno de María Eugenia Vidal encargó sobre el IOMA. La obra social de los empleados bonaerenses, desde municipales hasta maestros o policías, IOMA, dejó un tendal de irregularidades.
En un informe, al que tuvo acceso PERFIL, se detectaron sobreprecios de hasta 30% bajo el mecanismo de amparos judiciales o “urgencia”, lo que representó $ 36 millones.
“No había ni auditorías ni controles cruzados, ya dimos de baja dos clínicas (en Villa Elisa y zona norte) y nos encontramos con situaciones como sillas de ruedas que se pagaron $ 23.900 y hoy las compramos a $ 10.500”, cuenta a este diario Sergio Cassinotti, presidente de la obra social.
También se detectaron graves falencias en el sistema de internación domiciliaria: casos de facturación a pacientes ya fallecidos. “Estamos auditando paciente por paciente, el servicio de internación domiciliaria facturaba $ 100 millones al mes y había 20% demás”, agrega Cassinotti.
En lo que refiere a las prótesis, el panorama no fue alentador tampoco: se rescindió un oscuro convenio por el cual se tercerizaba con asociaciones intermedias la compra, y por el cual se pagaron unos $ 200 millones de más. Se volvió al sistema de compra directa.
Otra denuncia del gobierno bonaerense tuvo que ver con la ortopedia. Según fuentes oficiales, se encontraron casos “de solicitud de compras fraguadas y muchos ítems con sobreprecios” de entre 200% y 300% por el cual se “fugaron” unos $ 37 millones anuales.
Otro punto central fue la eliminación de gastos administrativos, en especial en clínicas y sanatorios, por los cuales se gastaban más de $ 84 millones al año.
Un mecanismo, también oscuro, que fue generalizado durante la gestión de Daniel Scioli fueron los recursos de amparo como forma para obtener prestaciones “en afiliados con 100% de cobertura”.
“Esto generó importantes demoras en el circuito de cobertura en detrimento del beneficiario, con el objetivo de forzar la realización de las compras por circuitos fuera de la operatoria normal, a precios no convenidos”, se puede leer en la auditoría.
No bien llegó a la gobernación, Vidal les encargó a sus ministros que investigaran la gestión sciolista: intuía un sinfín de irregularidades. En el caso del IOMA, es la segunda obra social más grande del país, con más de 2 millones de afiliados, detrás del PAMI.
