El Gobierno envió al secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, a visitar a Milagro Sala, que este jueves cumplió 56 años en su casa, bajo el régimen de prisión domiciliaria. La líder de la Tupac Amaru lleva cuatro años privada de su libertad, acusada de distintos delitos, sin condena firme.
Alberto Fernández la incluyó entre las víctimas del “Lawfare”, en el video que subió a sus redes el 18 de febrero. El gobierno nacional apoya la idea de que sus derechos fueron vulnerados y que su detención fue arbitraria.
Un día antes, Sala recibió la visita del ex juez Martín Acuña Vázquez, miembro de Justicia Legítima, que en nombre de la agrupación fue a llevarle un comunicado en el que piden por su inmediata liberación y la consideran una presa política.
Al juez le pidieron documentos agentes del Servicio Penitenciario de Jujuy, que dijeron estar custodiando la prisión domiciliaria de Milagro Sala. Eso es ilegal y fue motivo de dos presentaciones por parte de la defensa de la dirigente de la Tupac. La ley de ejecución penal prohíbe expresamente la custodia policial o por parte de fuerzas de seguridad que dependan del Ejecutivo de una prisión domiciliaria.
Sala tiene tobillera electrónica. “Nos parece excesivo”, dijeron fuentes del gobierno nacional que dialogaron con PERFIL sobre la situación. Sala fue arrestada en 2016 tras participar de un acampe del recién asumido gobernador Gerardo Morales (UCR). Luego de su detención fue llevada al penal de Alto Comedero y acusada de muchos delitos. En la mayoría de las causas fue sobreseída, pero fue condenada en la que le atribuyen haber liderado una asociación ilícita y haber defraudado a la administración pública.
El fallo fue apelado y la Corte Suprema de la Nación deberá resolver el caso. La situación de Sala volvió al centro de la escena no solo por el respaldo del presidente Fernández sino porque el presidente de la Corte jujeña, Pablo Baca, se vio envuelto en un escándalo, tras la revelación de un audio en el que reconoce que Sala está presa porque libre es una complicación para el gobernador.
Baca se vio forzado a pedir una licencia, mientras en la Legislatura avanza un pedido de juicio político en su contra. Antes de ser miembro del tribunal, Baca fue integrante del bloque radical y votó la ampliación del tribunal supremo que terminó integrando.
La detención de Sala fue calificada de arbitraria, también, por la Organización de Estados Americanos.
