La decisión de la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones -conocida ayer lunes 25 de noviembre- de declarar nula la elevación a juicio, en el marco de la “causa de los cuadernos de las coimas”, de Luis Betnaza y Héctor Zabaleta, actual y ex directivo de Techint respectivamente, y de Manuel Santos Uribelarrea, de MSU, al tomar en cuenta que no había existido acusación del fiscal Carlos Stornelli, generó repercusión En especial porque se trata de una nueva resolución judicial que, de momento, beneficia a Techint. El año pasado, Paolo Rocca, dueño de la compañía fue sobreseído en el caso.
El reclamo de Betnaza, Zabaleta y Santos Uribelarrea llegó a la Cámara con un planteo del fiscal Stornelli. El reclamo era porque en septiembre pasado, a la hora de elevar el caso a juicio, el juez Bonadio los había incluido a los tres, pero Stornelli no los había mencionado en su requerimiento, porque entendía que aún restaban realizar una serie de medidas de pruebas en la investigación sobre ellos. “El Ministerio Público Fiscal entendió que, con respecto a algunos imputados, la instrucción no se hallaba completa, restando llevar a cabo medidas de prueba”, sostuvo en su resolución la Sala I, integrada por Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.
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En un escrito de 9 páginas -al que tuvo acceso PERFIL- los camaristas detallaron los pormenores de la situación y el reclamo, tras lo cual sostuvieron: “lo expuesto hasta aquí, evidencia una clara violación a la garantía del debido proceso legal, en atención a que se impidió de manera arbitraria la continuación del ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público Fiscal, anulándolo de toda posibilidad de continuar promoviendo la investigación e impulsar las actuaciones hacia un destino concreto que defina -en lo que hace a esa parte acusadora- la situación”.
Al tiempo que mencionaron, “como conducente convocar a prestar declaración testimonial a los máximos representantes (Presidentes, CEO, Directores) de las firmas "Ternium Argentins", "Sidor" y "Ternium Internacional": Ricardo Prósperi, Daniel Novegil, Pablo Brizzio y Julián Eguren; a Miguel Punte para que, entre otras cuestiones, se manifieste respecto a lo sostenido por las defensa, en cuanto a los presuntos amedrentamientos, amenazas y violencia física ejercidos contra los dependientes de la empresa "Sidor"; y a Carlos Rezzonico, que según la prueba ofrecida por la defensa de Betnaza, fue uno de los empleados de la firma "Sidor" que permaneció hasta último momento en Venezuela”.Tras lo cual determinar cómo seguir la investigación y situación de Betnaza y Zabaleta, arrepentido en el caso.
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En tanto que en el caso de Santos Uribelarrea, sostuvieron que “deberán llevarse a cabo las medidas que resulten pertinentes para despejar los motivos sostenidos por la defensa en cuanto a que los pagos imputados pudieron haberse debido a posibles aportes a la campaña”.