El presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, Ricardo Gil Lavedra, apuntó contra el presunto decreto que el Gobierno estaría preparando para reformar la ley de lavado de activos y esto obligaría a los abogados a reportar operaciones sospechosas de lavado.
"Las propias notas interpretativas de la recomendación del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) dicen que no debe incluirse a los abogados y las abogadas si las actividades subyacentes ya se encuentran obligadas a ser informadas”, señaló.
Por lo tanto, advirtió que “esto no es lo que pide estrictamente el GAFI”; y alertó que “se corre un serio riesgo de lesionar el secreto profesional”.
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"Nosotros vamos a evaluar qué hacer en caso que el gobierno persista en esta medida que entendemos abiertamente inconstitucional”, anunció el excamarista que enjuició a los comandantes de la última dictadura militar.
Finalmente, Gil Lavedra reiteró que “el Colegio Público se opone enfáticamente a que se incluya a los abogados y a las abogadas.”
Es que el presunto DNU que estaría preparando el Gobierno obligaría a los abogados a reportar las operaciones sospechosas de sus clientes. En la actualidad, según consignó La Nación, los obligados a reportar dichas operaciones son los bancos, las financieras, las concesionarias de autos y las aseguradoras.
El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal se viene quejando de esta iniciativa del Gobierno desde hace un tiempo. Mediante una nota dirigida el 7 de febrero a los presidentes de bloques del Senado de la Nación, la entidad recalcó que la inclusión de los abogados y abogadas en las obligaciones de informar viola el secreto profesional y no es necesaria según los estándares internacionales.
En la comunicación, firmada por el Dr. Ricardo Gil Lavedra, se informó que la Comisión de Integridad Financiera y Compliance del CPACF emitió un dictamen en el que se sostiene que la inclusión de los letrados y letradas en las obligaciones de informar sobre actividades relacionadas con el lavado de activos contradice los estándares internacionales establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Según este informe, las actividades que se pretende que los letrados informen como parte de sus obligaciones profesionales ya están cubiertas por otras entidades y sujetos obligados, como los escribanos, el Registro de la Propiedad Inmueble y los Registros Públicos de Comercio. Por lo tanto, advierten que no se justifica la imposición de nuevas obligaciones en ese sentido.
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Además, se argumentó que la inclusión en estas obligaciones afectaría directamente al secreto profesional, garantía fundamental en el ejercicio de la abogacía, y que no existe necesidad ni justificación para vulnerar este principio.
El CPACF remitió el dictamen al Senado de la Nación, expresando así su postura clara y fundamentada en relación con esta polémica reforma.
ED
