Asegura que hay “oscuridad, impunidad y corrupción” en la Justicia. La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, habla por primera vez en meses. No se reconoce como kirchnerista, a pesar de que su discurso tiene varios puntos en común con el de la Presidenta. La jefa de los fiscales asegura que defiende la libertad de prensa “aun cuando vivo en carne propia los excesos de esta libertad”. “Desde que me opuse a la fusión de Cablevisión y Multicanal, hay medios que me demonizan e incluso llegaron a atacar a mi familia.”
—¿Lo dice por Clarín?
—Principalmente por el Grupo Clarín.
—El juez Martínez Di Giorgi procesó a dos fiscales de su confianza. ¿Fue un error no haber imputado a Báez?
—No, no hubo ningún error de la Procelac. Hubo cuatro testigos, secretarios de la fiscalía de Marijuán, que es el que lleva la causa ahora, que declararon que ellos no recibieron ninguna orden de Gonella de excluir a Báez. Y también precisaron que nunca hubo un proyecto que lo incluyera. Gonella trabajó 48 horas junto al fiscal subrogante de la causa, con el que firmaron el mismo escrito. A Gonella se lo acusa y el que firma al lado ni siquiera fue citado como testigo. Esto es algo absolutamente irregular. Esto no tiene que ver con el derecho. Hay una arbitrariedad manifiesta.
—¿Con qué tiene que ver?
—Hay una campaña mediática contra la procuradora, con motivo del cambio del sistema procesal al sistema acusatorio (la reforma del Código Procesal Penal que da poder a los fiscales y prohíbe que los jueces investiguen y acusen al mismo tiempo). Quienes se oponen defienden espacios de poder e influencias.
—La Presidenta descabezó la ex SIDE. ¿Hay un rol de la Secretaría en los tribunales?
—Son cosas que se dicen.
—¿Hay “secuaces judiciales”, como dijo la Presidenta?
—Supongo que se ha referido a operadores judiciales que utilizan sus potestades en magistrados y fiscales para armar causas y obtener algo que no tiene que ver con el derecho y la justicia, que es lo que creo que está pasando con el fiscal Gonella, el fiscal (Emilio) Guerberoff (llamado a indagatoria por el juez Bonadio) y con Romina Pzellinsky (funcionaria de la Procuración investigada por el fiscal Marijuan por supuesto espionaje).
—¿Qué es lo que no tiene que ver con el derecho y la justicia?
—Tengo dos hipótesis: preservar un sistema judicial más funcional a la cooptación y la impunidad, o perseguir y disciplinar a quienes no están articulados en estos vínculos aceitados de operadores que no llevan adelante las causas de delincuencia económica cuando hay grandes poderosos detrás.
—¿Dice que hay una disputa en los tribunales por quién investiga las causas de lavado de dinero?
—O por quién no las investiga. Hoy, en materia de criminalidad económica, lo que vemos son largas demoras que terminan con impunidad, con prescripciones. Son escasas las condenas por corrupción, más allá de la señora María Julia, y son inexistentes las condenas por los grandes desfalcos de los bancos.
—¿Hay diferencias entre la persecución a Gonella y lo que la oposición denunció como persecución a Campagnoli?
—Hay diferencias porque el fiscal Campagnoli cometió un error y una falta grave que fue considerada no por mí, sino por un consejo de fiscales. Acá hubo un fiscal que, ante una causa importante que ya está siendo llevada por un fiscal federal, aparece por la ventana con gran despliegue en los medios trayendo un montón de información que sería valiosísima, pero que puesta a consideración todavía no tenemos noticias de que haya tenido una posibilidad de esclarecer. Cuando uno elige el escándalo y deja atrás el profesionalismo, es lógico que lo denuncien. Impulsar el tribunal de enjuiciamiento era lo que tenía que hacer.
—¿La corrupción es el punto débil del Gobierno?
—Mi tema es la justicia, más que analizar políticas del Gobierno. Hay impunidad, un gran déficit en la lucha contra la corrupción y la criminalidad económica, que son dos caras de una misma moneda.
—El procesamiento de Boudou se hizo con el sistema actual. ¿Está bien procesado?
—No me atrevería a hacer valoraciones, sobre todo en un caso que puedo llegar a intervenir y es de mucho interés público.
—En los tribunales, muchos la ven como una funcionaria del Gobierno…
—Pero eso es falso. Les molesta que yo no venga a hacer la plancha, que sea alguien con trayectoria a quien no le fijan la agenda. Yo no puedo ser cooptada. Y mi gente tampoco. Acá hay muchos abrepuertas y vínculos aceitados. En la dictadura o en los 90 nadie hablaba de independencia judicial. Esto empieza cuando el Gobierno comienza a intervenir en la economía. El gran problema de los jueces es la necesidad de independencia de los poderes económicos, de los vínculos aceitados que hay detrás de la Justicia.
—¿Cómo funcionan esos vínculos aceitados?
—Hay abogados que, como son bien pagados, hacen como una militancia de los intereses del establishment. Y utilizan ese poder quienes tienen recursos para acceder a los magistrados para establecer esos vínculos aceitados. Una promiscuidad que no debería existir.
—Eso también sucede con el poder político.
—A mí nunca me vinieron a patear la puerta funcionarios del Ejecutivo. Sí vinieron de grandes estudios y de grandes compañías. El sistema judicial que tenemos es funcional a la cooptación, a la oscuridad y a la corrupción. El que quiere impunidad quiere ese modelo.
—Va a haber 17 nuevos fiscales y los poderes político y económico van a influir en su elección...
—Sí, a mí me gustaría que los fiscales se autocontrolen trabajando en equipo. Si a un fiscal le piden que planche una causa, el resto de los fiscales, de las procuradurías y unidades que colaboran con él, lo van a controlar. Este nuevo código obliga a hacer audiencias orales y públicas, y hay plazos que hay que cumplir porque, si no, van a ser enjuiciados.
—Si la oposición logra avanzar con un pedido de juicio político en su contra, ¿piensa resistir en el cargo?
—(Se ríe). Resistir… Veremos, la política es cambiante. La mayoría de esas denuncias yo sé que no tienen ningún asidero. Mientras yo me sienta segura de que puedo darle a la sociedad lo que necesita del Ministerio Público Fiscal, voy a estar acá.
—No es usual que la Presidenta defienda a un funcionario. Su propio vice está doblemente procesado, y jamás lo defendió. Pero a usted sí. ¿Tiene pleno apoyo de ella?
—Cuando me designó, la Presidenta no me conocía. Me dijo: “Yo nunca te voy a pedir que salves a ningún chorro”. Yo creo que se están tomando decisiones que son buenas para la Justicia, y no es un apoyo personal.
Sobre libertad de prensa
—Hace unas semanas dictaminó a favor de Perfil en la causa que le inició Carlos Menem por daños y perjuicios...
—Es un caso novedoso en el sentido procesal, porque la Corte Interamericana había anulado la sentencia condenatoria contra (Jorge) Fontevecchia y (Héctor) D’Amico y no había un procedimiento previsto para hacer efectiva esa condena. Lo Corte Suprema me preguntó qué es lo que debía hacer, y pedí la nulidad del fallo que había hecho la propia Corte con su composición anterior. Ese dictamen es una forma de confirmar la posición de la Procuración en materia de libertad de expresión. Es lo mismo que sostuve cuando defendí la Ley de Medios. Tenemos otros casos en la misma línea, contra periodistas o personas comunes.
—La Corte Interamericana habla de reparaciones, ¿cuáles deberían ser?
—Si Perfil pagó una indemnización, debería serle restituida. Nosotros pedimos que se cumpla, pero que se cite a Menem. Pero como el Estado es el condenado por la Corte Interamericana, primero pedí que cumpliera el Estado.
