El nuevo Código Procesal Penal ya es ley, pero su aplicación en los juzgados más importantes en la lucha contra la corrupción se prevé que quedará para el próximo gobierno. En los tribunales de Comodoro Py hay un convencimiento de que el proceso de implementación será paulatino y empezará por los juzgados de menor peso político. El miércoles pasado se promulgó en el Boletín Oficial la flamante ley, pero allí ya se aclaró que “entrará en vigencia en la oportunidad que establezca la ley de implementación correspondiente”. Para la sanción de esa ley todavía no hay plazos establecidos, pero se descuenta que empezará a debatirse una vez que empiece el período de sesiones ordinarias en marzo de 2015. Dos jueces de la Cámara de Casación coincidieron en que “el Código Procesal no va a entrar a Comodoro Py en 2015”. “Primero vendrán las leyes de implementación y también hay que modificar las normas orgánicas del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal. Y cuando se empiece a aplicar será en juzgados correccionales más que en los de instrucción”, explicó uno de ellos. Los jueces federales, que son los que más abiertamente protagonizan la batalla contra el Gobierno, coinciden en que difícilmente el cambio los afecte durante 2015. Son los primeros que en reuniones privadas transmitieron su descontento con el cambio, sobre todo porque pierden el control de las investigaciones, que quedarán en mano de los fiscales. Y el peso de la procuradora, Alejandra Gils Carbó, sobre los fiscales, es lo que genera más resquemores. De todas formas, otras fuentes judiciales rechazan que el recrudecimiento de las causas de corrupción de los últimos meses esté relacionado con el nuevo Código Procesal, sino más bien a la visión de un “fin de ciclo” que perciben los magistrados. Más allá del tiempo que tarde en ponerse en marcha el nuevo Código, el Gobierno podrá avanzar con un punto importante: la designación de 1750 cargos en el Ministerio Público Fiscal que conduce Gils Carbó, entre los que se destacan 17 fiscales generales nuevos.
