El ex intendente porteño Carlos Grosso respiró ayer aliviado al anoticiarse de la prescripción de la denominada "escuela shopping", uno de los primeros escándalos por corrupción que se difundió durante la década menemista.
La decisión fue tomada por el juez Ariel Lijo, uno de los diez magistrados que entendieron en la causa, en estos 16 años que se cumplieron de la denuncia.
Grosso era el principal acusado de ceder irregularmente en 1991 varios locales ubicados en la planta baja de la escuela Presidente Mitre, ubicada en Pueyrredón y Sarmiento, en el barrio de Once.
La acusación la hizo en ese entonces el joven fiscal Aníbal Ibarra, que ese mismo año asumió como concejal.
En 1989 un empresario reclamó a la intendencia una compensación de 400.000 dólares por la paralización de una obra de 22 locales. A cambio, propuso que le cedieran la planta baja de la escuela para construir un complejo comercial. Grosso envió un proyecto al Concejo que fue aprobado en la madrugada del 30 de diciembre de 1990. En ese entonces, Ibarra denunció que la concesión había sido otorgada directamente a una empresa fantasma relacionada con el menemismo.
Esta no fue la única causa penal que tuvo que enfrentar el ex referente de la renovación peronista. Estuvo preso siete meses por el caso de la licitación de del golf y la venta del Velódromo de Palermo.
"Grosso tuvo más de 50 causas y tiene un sólo procesamiento vigente por la cesión de terrenos al Club Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires. La causa de la escuela shopping es un sinsentido. No tiene lógica acusar a un intendente por una decisión que tomó del Concejo Deliberante", dijo al diario La Nación Nicolás Maciel, uno de los abogados de la defensa.