A treinta años del atentado contra la Embajada de Israel se renueva la pregunta sobre el devenir de la causa. Lejos de poder dar una respuesta satisfactoria, el hermetismo con el que es llevada impide conocer su verdadero estado. Sigue sin haber procesados o detenidos y nada se sabe sobre la investigación en curso. La última novedad es de fines del año pasado, cuando se solicitó a Interpol que renovara las alertas rojas contra los presuntos culpables.
Por ser una cuestión que involucra a una delegación diplomática, el caso se tramita en la Corte Suprema. A cinco años del hecho, ocurrido el 17 de marzo de 1992, el máximo tribunal delegó sus funciones en una secretaría especial dedicada exclusivamente a investigar el hecho. El secretario de corte, Esteban Canevari, fue puesto al frente hasta su jubilación en 2018. Hoy se encuentra a cargo el también secretario de corte Fernando Arnedo.
Esa secretaría cuenta con un archivo que abarca una habitación entera con 262 cuerpos de 250 páginas cada uno: 65 mil fojas. A esto deben agregársele nueve legajos de cincuenta cuerpos cada uno, cuatro cajas fuertes con documentación y un depósito con casetes, CDs, registros de escuchas telefónicas realizadas por la ex SIDE y sus respectivas transcripciones.
En 2015 la entonces presidenta Cristina Kirchner había dedicado parte de su discurso de apertura de sesiones legislativas para reclamar por los resultados de la investigación. La respuesta de la Corte llegó con su discurso de inauguración del año judicial y causó gran confusión. “La sentencia por la causa de la Embajada de Israel fue consentida por las partes, de manera que nosotros no podemos como tribunal modificar lo que ya ha sido aceptado y es cosa juzgada”, señaló Ricardo Lorenzetti en esa ocasión. Al poco tiempo, el Centro de Información Judicial rectificó la situación a través de un informe en que detallaba prácticamente toda la investigación y aclaraba que la causa seguía –y sigue– abierta.
Desde 1999, la Corte atribuye la responsabilidad del hecho a un grupo terrorista llamado Yihad Islámica, un brazo armado de Hezbolá. Esto lo estableció a partir de distintos cables de la Embajada argentina en el Líbano, declaraciones de diplomáticos argentinos en Beirut y el hecho de que la misma agrupación se atribuyó la autoría del ataque. En función de ello se dispuso la captura internacional de Imad Mughniyeh, quien habría dirigido el grupo Yihad Islámica en aquel momento.
Según confirmó a PERFIL el ex embajador israelí en la Argentina, Daniel Gazit, Mughniyeh estaría muerto. “Sabemos quién estuvo detrás del atentado a la embajada, quién lo organizó, quién dio las órdenes y quién lo hizo con nombres y todo, y ya dimos cuenta de ellos”, afirmó. Otra fuente cercana a la delegación destacó, a su vez, el nombre de Mughniyeh y precisó que su asesinato se habría producido en 2008. La embajada no ha provisto esta información de manera oficial. Tampoco es ni ha sido querellante en la causa del atentado. La Corte sabe de este fallecimiento a partir de un acta de defunción de Interpol.
Se investigó también un vínculo entre Hezbolá y “comerciantes” de la Triple Frontera –por lo cual ha sido librado también un pedido de captura contra José Salman El Reda Reda– y un contrabando de explosivos de agentes de Hezbolá entre San Pablo y Foz de Iguazú que habría llegado a Buenos Aires escondido en cajas de alimentos. Las investigaciones en este sentido no han sido conclusivas.
A treinta años, se ha probado que el atentado fue concretado mediante un coche bomba y se ha establecido la responsabilidad penal de los autores, pero se desconoce cualquier otro avance o si siquiera puede haberlo.
