El próximo martes vence el plazo que tiene el Estado nacional para presentar ante la Corte Suprema sus argumentos ante la cautelar que presentó el Gobierno porteño en contra del decreto presidencial que suspendió las clases presenciales.
Con la presentación en su poder, se estima que los cinco jueces de la Corte Suprema definirán su postura en el transcurso de la jornada, ante la gran expectativa por destrabar un conflicto político que fue escalando en su intensidad y que podría tener una primera resolución esta semana.
Si la Corte Suprema no apura su definición para antes del viernes 30 de abril, el decreto presidencial dejará de tener vigencia y se habrá extinguido el motivo del enfrentamiento, con la posibilidad de renegociar los términos de las restricciones a la circulación y de la continuidad de las clases presenciales.
Sin embargo, la decisión del máximo tribunal contiene un fuerte contenido simbólico que serviría como antecedente en este manejo de la pandemia que seguirá durante buena parte de 2021.
Al respecto, el presidente Alberto Fernández defendió la estrategia del gobierno nacional en torno a las medidas para combatir los contagios y sostuvo que “no podemos convertir esto en un debate de política y mucho menos judicializar una decisión de esta naturaleza. Hay gente cada vez más joven en las terapias intensivas”, advirtió.
Una vez que el Estado nacional presente sus explicaciones, la Corte Suprema correrá vista a la Procuración General de la Nación, tal como sucedió cuando la administración de Horacio Rodríguez Larreta acudió en defensa de una autonomía que el propio Alberto Fernández puso en duda. Y luego se esperará la decisión que en el ámbito porteño esperan que sea favorable.
Soria busca votos en Diputados
En una reunión conjunta de las comisiones de Justicia y de Asuntos Constitucionales, Diputados recibirá mañana en una reunión informativa al ministro de Justicia, Martín Soria. El eje de la discusión será el proyecto de modificación de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal que cuenta con media sanción del Senado pero que nunca avanzó en la Cámara baja.
Desde su llegada al Ministerio, Soria marcó su intención de reemplazar a Eduardo Casal, quien ocupa el lugar de Procurador interino. La aprobación del proyecto del oficialismo serviría para cambiar las condiciones de selección para el cargo y eliminar los dos tercios de los votos necesarios en el Senado que el oficialismo aún no pudo reunir para designar a Daniel Rafecas. Soria viene trabajando respaldos al proyecto dentro del Poder Judicial y sumaría cambios al texto original.
