Incertidumbre en el Gobierno por los fondos para la ayuda social

La sanción de la Ley de Emergencia Alimentaria generó un marco de incertidumbre en el Gobierno. En concreto, cómo y cuándo se aplicará y, en particular, si se enviarán los fondos a las áreas sociales de las provincias antes del 10 de diciembre de este año.

Por estos días, en la Casa Rosada comenzaron a analizar el impacto presupuestario y cómo se destinará. En principio, según la iniciativa sancionada esta semana en el Congreso, se trata de un 50% extra de las partidas destinadas este año y la declaración de la emergencia hasta 2022. En números globales: unos $ 9.500 millones más solo para 2019. En la óptica de un sector del oficialismo, al menos un tercio de estos fondos extraordinarios ya fueron ejecutados, con lo cual el total sería menor.

Es más: en el seno del oficialismo hay dos discusiones. Una se basa en el debate sobre si ese monto debería ejecutarlo el presidente que gane en las elecciones de octubre.

“La ley habla del Presupuesto vigente y un aumento del 50% de las partidas para este año, pero no dice cuándo, si antes de diciembre o no. Más aún, no plantea nada con respecto a los años que siguen”, explica ante este diario uno de los funcionarios que mira con lupa los gastos del Ejecutivo nacional. Y concluye de manera elocuente: “Hoy no hay un peso de dónde sacar”.

La otra discusión, más potente, es si deben enviarse los fondos de manera directa a las provincias. En este marco, los gobernadores peronistas habían solicitado que se declare la emergencia alimentaria a nivel nacional pero, salvo en el caso caótico de Chubut, no ocurrió lo mismo en sus respectivas provincias. “Los gobernadores se juntaron, pidieron que declaremos la emergencia pero ninguno se hizo cargo de su parte”, protestó ante PERFIL una fuente oficial.

Ante la versión insistente de que se podrían girar los fondos a las provincias, el probable futuro ministro –en caso de que gane el Frente de Todos–, Daniel Arroyo, ya se mostró preocupado por el año que viene. Es que la ley garantizaba un verano tranquilo para Alberto Fernández en sus primeros meses al frente de la Casa Rosada. “Si giran todo ahora nos dejan sin fondos”, fue una de las frases que les acercaron a los interlocutores entre el peronismo y el macrismo.

A todo esto, aún al cierre de esta edición, el Senado, a cargo de la vicepresidenta, Gabriela Michetti, no había enviado la sanción definitiva al Ejecutivo para su promulgación. El trámite podría empezar lento: debe pasar por los ministerios involucrados –Hacienda y Desarrollo Social– antes de ser finalmente promulgada la iniciativa. Eso podría llevar, al menos, dos semanas, según cálculos oficiales.

Mientras tanto, en el Ministerio de Desarrollo Social que conduce Carolina Stanley retomaron el contacto con las organizaciones sociales más radicalizadas. En este marco, el miércoles funcionarios que responden a Stanley se reunieron con Silvia Saravia (Barrios de Pie menos Libres del Sur), quien responde al lavagnista Humberto Tumini, y dirigentes del Polo Obrero de manera separada, para intentar llegar a un acuerdo y evitar un acampe de 72 horas en plena 9 de Julio. Se acordó armar una mesa de trabajo por temas puntuales y, por ahora, no habrá acampe.

Sin embargo, el Gobierno no pudo frenar una movilización a Plaza de Mayo del sindicalismo y las organizaciones sociales combativas, en su mayoría afines al Frente de Izquierda, quienes denunciarán al Gobierno pero también a Alberto Fernández.