El artículo 439 de la Ley Ómnibus que envió el presidente Javier Milei al Congreso es claro. Y sorprendió. En ella, entre otros proyectos de todo tipo y color, se establece que “se le solicita al Poder Ejecutivo Nacional impulsar todos los actos y suscribir acuerdos que sean necesarios para que se efectivice la transferencia de la Justicia nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en un plazo máximo de tres años”. ¿Qué significa esto en términos concretos? Que la Justicia ordinaria, laboral, comercial y civil, es decir todos los fueros, dejen de ser nacionales y dependan de la Ciudad.
En este contexto, este tema fue parte de uno de los encuentros que mantuvieron el presidente Milei con el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. Allí el jefe comunal le expresó que había que avanzar con la autonomía de la Ciudad. Y, entre otras cosas, avanzar con el traspaso de competencias penales –muchos delitos que ocurren en CABA todavía se tramitan a nivel nacional–.
A raíz de esto, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y su par porteño, Gabino Tapia –miembro de la mesa más chica de Jorge Macri– acordaron que era imperioso intentar avanzar en todos los fueros.
Sin embargo, este artículo tiene sus particularidades y escollos. En primer lugar, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia nacional emitió un comunicado ayer donde se mostraron abiertamente en contra del traspaso. “Esta grave situación nos pone nuevamente en alerta”, plantean. Y agregan que históricamente la asociación estuvo en contra de la medida. “La Justicia nacional no puede pasar a la Ciudad ya que ello implicaría una clara violación de la Constitución”, agrega el comunicado.
“Los jueces nacionales quieren seguir siendo nacionales, sienten que si son porteños bajan de categoría”, describe una fuente judicial ante PERFIL.
Y agrega que, aunque hay magistrados de índole penal en la Ciudad, los contravencionales –que se ocupan de cuestiones domésticas como ruidos molestos o mediaciones menores entre vecinos– son vistos por los nacionales como jugadores menores.
En todo caso, ante cualquier traspaso se debe generar un convenio que luego tiene que ser ratificado parlamentariamente. Y con un dato clave para la Ciudad: debería incluir el Presupuesto correspondiente, un tema siempre de discusión desde el traspaso de la Policía Federal en 2016 o, años antes, del subte a órbita porteña.
Este es un eje clave que se viene trabajando en una comisión especial dedicada exclusivamente a la temática en el Consejo de la Magistratura porteño.
Allí, el juez penal N° 1 Rodolfo Ariza Clerici y la administradora del Poder Judicial y exconsejera Genoveva Ferrero (con un perfil vinculado a la gestión) le dieron un mayor impulso al trabajo de la comisión a sabiendas de que estaría en agenda.
Esa comisión también la integran los consejeros Karina Leguizamón (cercana a Daniel Angelici y ex titular del Consejo de Niños) y Martín Izura (vinculado a Jorge Macri), quien cuando asumió hace pocas semanas pidió sumarse y rápidamente lo consiguió, con una ayuda política interna poco frecuente.
