El proyecto de reforma del Código Procesal Penal generó una revolución en el Poder Judicial y dejó en pie de guerra a gran parte de los jueces, que sufrirían con el cambio una considerable pérdida de poder. Y en el escenario de confrontación ya hay quienes especulan con que la represalia podría consistir en la aceleración de causas en contra de funcionarios del Gobierno, entre los cuales Amado Boudou y Ricardo Jaime aparecen como los más complicados. En las tertulias judiciales no se descarta que en los próximos meses pueda aparecer un pedido de prisión.
Según pudo averiguar PERFIL, ya hubo reuniones entre magistrados en las que intercambiaron duros conceptos sobre la reforma y dejaron entrever que los cruces con el Gobierno se pueden profundizar. La tensión entre la Justicia y el Ejecutivo se disparó con la reforma judicial que impulsó el kirchnerismo el año pasado. Casualidad o no, 2014 se convirtió en año récord de funcionarios procesados. Esta nueva reforma, a pesar de que su esencia tiene amplio consenso, promete generar más ruido en Comodoro Py.
Entre los fiscales, que obtendrían más poder con el cambio del sistema inquisitorio a uno acusatorio, también surgieron voces de alerta. Les preocupa que aumente la discrecionalidad de la procuradora Alejandra Gils Carbó y quedar expuestos a mayores presiones del poder político. La mayoría de los jueces y fiscales están a favor del sistema acusatorio, pero en contra del proyecto del Poder Ejecutivo. El punto más controvertido es la creación de 17 nuevas fiscalías y 1.713 nuevos cargos en el Ministerio Público Fiscal. Creen que la intención es garantizar impunidad: los nuevos cargos, sostienen, serían ocupados por “soldados” del Gobierno. “Los jueces federales están preocupados”, anticipaban desde el Palacio de Tribunales a pocos días de conocida la iniciativa.
Otros fiscales y jueces creen que quienes critican el proyecto temen perder el poder de control de las causas. En concreto, dicen, ya no podrán manejar los tiempos de la investigación, resucitar una causa olvidada contra un político o someterlo a una larga instrucción.
Otros jueces critican sobre todo los nuevos tiempos que el Código les exigirá a los funcionarios judiciales. Si el Código limita a tres años el tiempo que pueda durar una causa, se preguntan qué harán en los casos de necesitar exhortos del exterior, que tienen como mínimo una espera de seis meses. También hay quienes destacan que será casi imposible establecer la prisión preventiva porque el nuevo código exige requisitos difíciles de cumplir.
En el Ministerio Público, en cambio, señalan que los jueces temen perder su poder, y que ahora ese poder se trasladará a los fiscales, pero con una salvedad: la reforma les exigirá mucho más, y si no cumplen con las normas serán sancionados. Muchos fiscales temen que eso se utilice para presionarlos.
Las fuerzas de seguridad también pierden poder con el nuevo Código Procesal. La Procuración General de la Nación deberá tener su propio laboratorio de análisis biológicos, genéticos y de balística, y las fuerzas de seguridad ahora deberán obedecer las instrucciones del fiscal en la recolección de pruebas. La Policía, Gendarmería o Prefectura serán desplazadas de las pericias, pasos fundamentales a la hora de hallar responsabilidades penales.
