La causa que más tensión está generando en los tribunales federales no apunta a funcionarios, ni ex funcionarios, ni empresarios poderosos. En el nuevo escenario político, tanto para un sector del Gobierno como para parte del Poder Judicial, la prioridad es lograr que el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, no quede imputado por presunto enriquecimiento ilícito.
La denuncia fue presentada por Elisa Carrió y Fernando Sánchez, diputados de la Coalición Cívica, en enero, durante la feria judicial. La aliada de Mauricio Macri sacudió al Ejecutivo porque apuntó a un actor central de la gobernabilidad de un nuevo gobierno, pero también le dio a Macri la llave para negociar con el hombre más poderoso de la Justicia.
El caso todavía no es formalmente una causa judicial y allí recae el eje de la tensión. El fiscal federal Gerardo Pollicita es quien debe decidir si abre o no el expediente contra el presidente de la Corte. En los últimos 30 días las presiones, pedidos y consultas de jueces cercanos a Lorenzetti y de miembros del Poder Ejecutivo sobre el fiscal llegaron al punto de una discusión pública en los pasillos de los tribunales entre el fiscal y un juez que le sugería archivar la denuncia y poner punto final a la controversia. También hubo discusiones privadas y charlas informales.
Este medio pudo reconstruir con fuentes judiciales y gubernamentales que Pollicita recibió mensajes de tres jueces y de miembros del Ejecutivo. Así lo relataron a PERFIL testigos directos de las conversaciones y funcionarios de Macri que siguen atentamente el destino de la denuncia. Cada uno de ellos comunicó el “pedido” con su estilo. Los más atrevidos pidieron al fiscal que ni siquiera analice pruebas y proceda a un cierre exprés. Los más políticos aconsejaron cómo cerrarla respetando los códigos jurídicos.
También explicaron al fiscal las acusaciones refieren a bienes anteriores a la asunción de Lorenzetti en la Corte. Pero en la denuncia consta que no es así y la documentación lo avalaría. El fiscal pidió al juez federal Sebastián Ramos una serie de medidas previas para determinar luego si hay evidencia necesaria para abrir la causa. Ramos solicitará a la AFIP que entregue la documentación oficial que Carrió acompañó con su denuncia sobre supuestos bienes camuflados por Lorenzetti.
En las últimas semanas, el Ejecutivo analizó la denuncia y llegó a la conclusión, dice, de que no hay elementos para que Pollicita abra el expediente. En la Corte, los voceros de Lorenzetti prefirieron no hacer declaraciones. En su entorno adjudican la denuncia a internas de poder en la Corte. Carrió, recuerdan, es discípula de Carlos Fayt.
El Gobierno sabe que Lorenzetti se ha convertido en uno de los hombres más poderosos del país. Casi todos los jueces del territorio, desde Salta hasta los confines de la Patagonia, responden con emergencia a cualquiera de sus pedidos. El sector más político del macrismo no oculta su interés en que la denuncia sea archivada. Fuentes oficiales reconocieron a PERFIL la gravedad “institucional” de una imputación al presidente de la Corte y cómo perjudicaría la relación con el magistrado en el inicio del mandato de Macri. El Ejecutivo sabe que necesita de Lorenzetti. Esta semana la alianza dio sus primeros frutos y dejó atrás la tensión inaugural del fallo del tribunal que obligó al Gobierno a devolver fondos millonarios a tres provincias.
Para funcionar en el estratégico Consejo de la Magistratura -que elige y controla a los jueces- el PRO necesitaba a Lorenzetti. Esta semana, el magistrado tomó el juramento al diputado Pablo Tonelli en el organismo. Con su incorporación, los consejeros no kirchneristas serán ocho contra cinco y quedan a un solo voto de la mayoría calificada para aprobar concursos de jueces o para enviarlos a juicio político. El kirchnerismo buscó hasta último momento evitar esa jura y ubicar allí a un hombre propio.
Hay otras urgencias del Gobierno que requiere de Lorenzetti: la futura ola de medidas cautelares de jueces cercanos a la oposición y el kirchnerismo más duro que podrían frenar políticas de Estado, nuevas leyes y decretos del Presidente. Y los nombramientos de los dos candidatos de Macri a la Corte.
La relación “es excelente”, dijo Lorenzetti sobre su vínculo con el Gobierno el jueves en una entrevista en Canal 26. Lorenzetti dio detalles del diálogo que tuvo con Macri sobre el decreto de nombramiento en comisión de los juristas Horacio Rosatti y Carlos Rosenkratz como miembros de la Corte Suprema. Dijo que en diciembre conversó con Macri, que le preguntó si necesitaba en ese momento el nombramiento, pero que le respondió que no porque venía la feria judicial de enero.
