La causa Skanska, el primer gran escándalo de corrupción del kirchnerismo, fue elevada a juicio esta semana. En el expediente están involucrados el ex ministro de Planificación, Julio De Vido, y el ex secretario de Obras Públicas José López, junto a Néstor Ulloa, entonces gerente general de Nación Fideicomisos, y otros 28 acusados de administración fraudulenta y cohecho.
La causa data del año 2005, pero estuvo paralizada entre los años 2011 y 2016, cuando la Cámara de Casación se expidió sobre la validez de una escucha y la investigación se reactivó.
Desde entonces, el juez Sebastián Casanello y el fiscal Carlos Stornelli, avanzaron con el expediente en el que se investigó el supuesto pago de coimas a través de facturas falsas con el objetivo de que la empresa sueca fuera beneficiada en las contrataciones de la ampliación de los Gasoductos Norte y Sur.
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“Este accionar delictivo requirió de la presencia de tres clases de intervinientes: por un lado, los funcionarios públicos; por otro, los dependientes de la firma Skanska SA, y por último, aquellos que participaron en la confección de la facturación falsa y el cobro de cheques librados por Skanska con destino al pago de sobornos”, sostuvo el magistrado en su resolución, a la que accedió PERFIL.
A De Vido, López y Ulloa, se les atribuyó “el haber recibido dinero por parte de directivos del grupo económico Skanska”. Por lo que, “a cambio de ello, como contraprestación, los funcionarios intervinieron en la selección y direccionamiento irregular del proceso licitatorio denominado “Proyecto de Expansión de Gas 2005” (vinculado a la realización de obras de las firmas Transportadora de Gas del Norte y Transportadora de Gas del Sur), mediante el cual se garantizó la selección y adjudicación del proyecto a la compañía Skanska SA, pese a la existencia de desvíos presupuestarios”.
Casanello agregó: “En esa línea se corroboró que percibieron pagos instrumentados por directivos y dependientes de la empresa Skanska SA, extrajeron trece millones novecientos cuarenta y nueve mil ochocientos veintinueve pesos con ochenta y siete centavos ($13.949.829,87), con el objeto de destinar, al menos parte del total, a los funcionarios públicos que intervinieron en el proceso administrativo”.
Por lo que, siempre de acuerdo a los argumentos del juez a cargo de la causa, “cada uno de los funcionarios públicos, conforme al cargo que revestían en aquel momento, violaron e incumplieron sus deberes, quebrando la confianza depositada en ellos”.
