La salida a la luz de la polémica foto con la que se confirmó la realización de una reunión social en Olivos en plena cuarentena encendió las alertas de la oposición, que decidió ir directo al choque con un pedido de juicio político al presidente Alberto Fernández.
La primera reacción de Juntos por el Cambio fue de acuerdo al manual opositor con declaraciones en serie a través de las redes sociales expresando el repudio por la situación.
Pero el jueves por la tarde, según contaron a PERFIL fuentes parlamentarias, hubo advertencias de parte de asesores a las principales figuras del Congreso sobre la gravedad del asunto y la necesidad de salir con una estrategia más contundente. Es así como surgió el primer pedido de juicio político que encabezó el diputado del PRO Waldo Wolff y que acompañó el ala más dura del partido integrada por Fernando Iglesias, Jorge Enríquez y Pablo Torello, entre otros.
“Espero que el Gobierno fije posición urgente por la foto, que denotaría una reunión infringiendo decretos propios mientras la ciudadanía estaba encerrada. Ante el silencio que otorga, si no desmienten urgente mañana, pediré el juicio político al Presidente”, amenazó Wolff el pasado jueves y antes del final del día ya había presentado el texto en Mesa de Entradas de Diputados.
Más tarde llegó una propuesta similar del jefe del interbloque de Diputados de Juntos por el Cambio Mario Negri, otro de los que tomó la delantera en los cuestionamientos al Presidente.
La iniciativa, que cuenta con una quincena de apoyos, entre ellos el del jefe del bloque del PRO, Cristian Ritondo, había sido revisada por un equipo de constitucionalistas del diputado radical.
Estos dos pedidos de juicio político se suman a otros dos realizados por los diputados Alvaro de Lamadrid y José Luis Patiño por el “Vacunatorio vip” y otro más por la suspensión de las clases presenciales con la excusa de la cuarentena.
El camino parlamentario. El artículo 53 de la Constitución Nacional prevé la realización de juicio político contra el Presidente y otros funcionarios “en las causas de responsabilidad que se intenten contra ellos, por mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones, o por crímenes comunes”.
El primer paso tiene que ver con la convocatoria a la Comisión de Juicio Político, que preside la santafesina Josefina González, y en el caso de que haya un dictamen positivo el pleno de la Cámara de Diputados debe avalar con dos tercios de los votos de los presentes el inicio del proceso.
La oposición lejos está de obtener esa mayoría, pero especula al menos con que el oficialismo se vea en la obligación de dar explicaciones sobre la negativa de citar al menos a la comisión.
“Acá no hay que mirar si hay número en la comisión, lo importante es poner la vara en el límite de las responsabilidades, en el mundo estas cosas han tenido condena. No puede violar la norma el que la establece”, disparó Negri.
Como antecedente se encuentra el pedido de juicio político que la oposición buscó cursar en 2014 contra el ex vicepresidente Amado Boudou en el marco de la causa Ciccone. El pedido logró avanzar hasta la convocatoria de la Comisión de Juicio Político, pero hubo un rechazo “in limine” de la iniciativa, que ni siquiera fue votada en la reunión.
