A 25 años de la masacre que terminó, en un instante, con la vida de 85 personas, el 18 de julio de 1994, diversos sectores comunitarios y de familiares coinciden en los cuestionamientos contra el procurador general Eduardo Casal y el fiscal Sebastián Basso, designado en el cargo en diciembre pasado elevando a siete el número de representantes del Ministerio Público que asumieron en la Unidad Fiscal de Investigaciones (UFI) AMIA, desde la muerte de Alberto Nisman en 2015.
La gestión de la causa y, en especial, de la UFI-AMIA, creada en 2004, ha motivado siempre diferencias entre sectores de familiares, autoridades comunitarias y, en particular, las de la AMIA. La gestión de Nisman fue reivindicada por dirigentes comunitarios y familiares cercanos, mientras que motivó fuertes críticas desde Memoria Activa, Apemia y 18J. Sus sucesores, en cambio, despertaron elogios entre algunos familiares alejados de las autoridades comunitarias y críticas desde la mutual y sus abogados. Por primera vez en mucho tiempo, todos coinciden: Basso y Casal despiertan cuestionamientos de todos los actores.
Memoria Activa ha sido, desde su designación, muy crítica por los vínculos familiares de Basso con Luisa Riva Aramayo, la jueza, ya fallecida, que fue investigada en la causa por encubrimiento. Basso aún no recibió a familiares pero sí se reunió, hace dos meses, con autoridades y abogados de la AMIA. La reunión fue muy tensa, explicó a PERFIL Miguel Bronfman, abogado de la AMIA: “La causa está paralizada y necesita un impulso, el fiscal Basso no tiene la culpa de ser nuevo pero sí es su responsabilidad y la de Casal que asuma a tiempo parcial”. Y agregó: “Nos quedamos muy preocupados porque sigue a cargo de su otra fiscalía, con lo cual su dedicación a la causa va a ser parcial, en el mejor de los casos”. Considera que “muchos aspectos siguen pendientes”, entre los que destaca la denominada “conexión local”.
En Memoria Activa y Apemia denuncian que se quiere vaciar la UFI-AMIA. Junto a 18J, otra organización de familiares y amigos de víctimas, fueron los principales impulsores del juicio por encubrimiento que, en marzo, tuvo un veredicto donde se reconoció un plan para desviar la investigación, que incluyó a funcionarios judiciales, autoridades civiles y miembros de las fuerzas de seguridad.
AMIA: el segundo juicio contra Telleldín avanza a paso lento
En el marco de ese proceso algunas organizaciones de familiares fueron muy críticas del rol del ministro de Justicia, Germán Garavano, a quien se le adjudican maniobras para proteger a los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia.
También fue señalado Garavano como responsable de “encubrimiento” por el ex secretario de Estado Mario Cimadevilla y la diputada Elisa Carrió, cuando su abogada, Mariana Stillman, removida de la querella del Estado en el juicio por encubrimiento. Pese a todo, Stillman compite en esta elección como candidata a diputada.
