A pocos días de cumplirse el cuarto año de la muerte del fiscal Alberto Nisman, la Unidad Fiscal de Investigaciones (UFI) AMIA presenció un verdadero desfile de fiscales. Pese al ritmo del recambio y el tiempo transcurrido desde el ataque ocurrido el 18 de julio de 1994, en estos cuatro años se registraron varias novedades y nuevas polémicas emergieron en un caso que divide a asociaciones, familiares y amigos.
Cuando se cumplía un mes de la aparición sin vida del fiscal, en coincidencia con la marcha que pedía el esclarecimiento de su muerte, cuatro nuevos representantes del Ministerio Público entraban por primera vez en su despacho, a metros del Cabildo. Sabrina Namer, Patricio Sabadini y Roberto Salum asumían el cargo de fiscales de la UFI AMIA. Juan Patricio Murray tomaba el puesto de coordinador.
15 de enero: el día que Timerman desestimó la denuncia de Nisman por "encubrimiento"
El primero en dejar su lugar, apenas unos meses después, fue Sabadini. Según indican fuentes de la fiscalía, por diferencias personales antes que profesionales. Salum tenía previsto orientar su trabajo a la causa principal, mientras que Namer, que traía experiencia en juicios de lesa humanidad, avanzaría con el expediente de la denominada causa de encubrimiento, que iniciaría poco después el proceso de juicio oral. Pero, finalmente, las conexiones entre ese expediente y la causa principal llevaron a que las funciones fueran compartidas.
En paralelo, Murray formó un equipo para relevar centenares de cajas con documentación en depósitos de la ex SIDE. Este equipo motivó una serie de disputas con el Gobierno cuando asumió Cambiemos, porque se amenazó con el recorte de presupuesto. Finalmente, hubo un acuerdo con el Ministerio de Justicia y el grupo continuó trabajando pero Murray dejó el cargo con la salida de Alejandra Gils Carbó de la Procuración, en octubre de 2017.
Caso Nisman, 16 de enero: sushi, 12 llamados y ultima detalles de su presentación
Unos meses antes, Namer dejaba su puesto para ocupar un lugar en el Tribunal Oral Federal (TOF) N° 8. Gils Carbó llegó a designar otros dos fiscales en la UFI, Leonardo Filippini, en marzo de 2016, y Santiago Eyherabide, en febrero de 2017. En el caso de este último, mantiene en paralelo sus responsabilidades como fiscal en Azul. Filippini, en cambio, se dedicó de lleno al caso pero el nuevo procurador lo trasladó a la Unidad de Apropiación de Niños este año.
Así, la UFI quedaba hasta este fin de año con un fiscal a tiempo parcial y el único integrante del equipo original que seguía en el cargo, Salum. Pero este funcionario venía desde hace meses pidiendo su salida, según indicaron fuentes al tanto de las gestiones que realizó ante el procurador Eduardo Casal, por cuestiones personales. En su reemplazo llegará el actual fiscal federal de Morón Sebastián Basso, quien despierta rechazo en un sector de los familiares.
Caso Nisman, 17 de enero: pedido de armas y encuentro con Lagomarsino
Desde la UFI se señala la identificación de la identidad de la víctima número 85, Augusto Daniel Jesús, a 22 años del atentado, como el logro más importante. También se destaca el trabajo de análisis genético realizado con ayuda del Equipo Argentino de Antropología Forense. Este procedimiento permitió, junto al análisis de restos de la camioneta Trafic utilizada en el atentado, del material biológico recuperado de un depósito policial y de los videos de las autopsias, elaborar un informe pericial que confirma -según indican “con pruebas irrefutables”- que se utilizó ese vehículo en el ataque. De hecho, uno de los últimos escritos que se sumaron al enorme expediente
Otro punto que destacan es el descubrimiento del verdadero nombre del prófugo identificado hasta entonces como Samuel Salman El Reda. A partir de un trabajo de los fiscales de la UFI y de contactos con el Fiscal General del Líbano y autoridades de Colombia, donde también estuvo el sospechozo, se descubrió que el tiene otro nombre. Ya se libraron los correspondientes pedidos de captura internacionales. El individuo en cuestión, que se presume sería quién organizó el atentado y también es requerido en la causa por el atentado contra la Embajada de Israel en Buenos Aires. El individuo en cuestión vive aún en el Líbano y, a diferencia de los funcionarios iraníes, no tiene la protección de un Estado por lo que podría ser una pieza clave de una nueva novedad en la causa.
