La causa contra el falso abogado Marcelo D’Alessio se ve diferente a 200 kilómetros de Retiro. El caso expuso una organización dedicada a tareas de espionaje ilegal y supuesta extorsión de empresarios y personajes expuestos por sus propios antecedentes, y mostró cómo utilizan a funcionarios, jueces, fiscales y periodistas para sus fines delictivos. Desnudó una vez más, las peligrosas relaciones entre los servicios de inteligencia y la Justicia, un estigma que los tribunales federales de Comodoro py 2002 no consiguen exorcizar.
Desde Dolores, el caso del fiscal federal Carlos Stornelli es un caso más. Un pequeño capítulo de una supuesta maniobra que sólo podría verse a la distancia del convulsionado edificio de Retiro. En sus últimos escritos, que constan en el expediente, el juez Alejo Ramos Padilla comenzó a delinear los márgenes de algo más grande: la supuesta intromisión de servicios de inteligencia locales y extranjeros en casos judiciales clave: cuadernos, contrabando, negocios. El magistrado resalta los supuestos nexos de D’Alessio con la Drug Enforcement Administration (DEA), la agencia anti-drogas de los Estados Unidos; y la documentación secuestrada en el domicilio del falso abogado expone acceso a información proveniente de ese país y documentos oficiales. Armas sofisticadas, dispositivos de grabación ocultos, elementos vinculados a distintas fuerzas de seguridad y hasta acceso a tecnologías de espionaje que ni siquiera están a disposición de la Justicia en la Argentina se suman a los indicios de que D’Alessio no era un “loquito suelto”. Al menos así, viene plasmándolo el juez.
La maniobra de D’Alessio que el juez enmarca en una asociación ilícita y extorsión incluía la identificación de un objetivo; las tareas de espionaje ilegal para recabar información sensible; el contacto con el objetivo; infundir miedo; y ofrecer la solución del problema a cambio de dinero.
La decisión del magistrado de participar al Congreso de la Nación en el caso busca en definitiva que el foco que observa en su investigación, y que detalló en un escrito que envió a la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia, comience a ser analizado por otros poderes. La maniobra que asegura haber advertido en el expediente excede la competencia de un magistrado federal: habla de espionaje ilegal con intromisión de otro país en la Argentina.
El principal caso de extorsión es el que involucra a la petrolera PDVSA
El juez también envió copia de todos los legajos de espionaje que secuestró a D’Alessio. El principal caso de espionaje y extorsión de D’Alessio, según fuentes del caso, es el que involucra a la petrolera estatal venezolana, PDVSA. En un anexo al escrito que el juez envió al Congreso resalta haber detectado “un interés muy marcado del imputado Marcelo D´Alessio sobre este asunto (PDVSA) que excede lo que puede llegar a ser el ámbito local y nacional, mientras en toda la región se estaba analizando congelar fondos de la petrolera venezolana PDVSA”.
Las actividades de D’Alessio no eran improvisadas, de acuerdo a la investigación. “Existe abundante información acerca de esta operación -en formato digital o manuscritos acerca de (del ex director de la petrolera Gonzalo) Brusa Dovat -a quien supuestamente extorsionaba- que alcanzan a su historia laboral, su familia, sus entradas y salidas del país, la historia de la empresa, etc.- que demuestran que esta fue una operación prioritaria”, informó el juez al Congreso.
