El asunto no es menor, porque afecta nada menos que la independencia judicial, que es irrenunciable. Conviene entonces recordar la lógica de la separación de poderes. No se trata de una distribución burocrática de funciones —quién administra, quién legisla, quién juzga—, sino de un mecanismo de contención del poder.
La memoria también ayuda. El gobierno de Alberto Fernández retiró los pliegos propuestos por Mauricio Macri para cubrir cargos judiciales, con el argumento de que esos candidatos habían instrumentado la persecución de ex funcionarios kirchneristas y serían premiados con un ascenso; el Senado, en consecuencia, los devolvió al Ejecutivo. Poco después, ya en funciones, la administración de Javier Milei pidió al Senado el retiro de 62 pliegos enviados por la gestión anterior. El patrón se repite, cualquiera sea el signo político.
El punto técnico es claro: retirar de manera unilateral un pliego que el Senado ya recibió y al que dio estado parlamentario constituye un ataque a la institucionalidad. El Reglamento de la Cámara Alta no deja margen: "Los proyectos, mensajes o demás asuntos presentados al Senado no pueden ser retirados o girados al archivo, sin anuencia de aquél". El pedido de acuerdo es apenas una parte del proceso; una vez girado, es el Senado —y no el Ejecutivo— quien decide si retira o archiva. La pelota está en el campo de la Cámara Alta. El Gobierno ignoró esa distinción, y el detalle no es decorativo.
Este manoseo a cielo abierto golpea de lleno la independencia judicial. La Corte Interamericana ha sostenido que uno de los objetivos principales de la separación de poderes es, precisamente, garantizar la independencia de los jueces, de modo de evitar que el sistema judicial "se vean sometidos a posibles restricciones indebidas en el ejercicio de su función por parte de órganos ajenos al Poder Judicial". De allí que esa independencia nazca de un adecuado proceso de nombramiento, de la inamovilidad en el cargo y de la garantía contra presiones externas (Corte IDH, Caso Argüelles y otros Vs. Argentina, sentencia del 20 de noviembre de 2014, Serie C No. 288).
Conviene desarmar un error frecuente y costoso en el análisis constitucional: suponer que la independencia judicial sólo se pierde por actos drásticos -destituciones ilegítimas, intervenciones, golpes institucionales-. Esa imagen del quiebre abrupto nos distrae del peligro más común: la captura gradual.
Porque de eso se trata. El retiro de pliegos, su revisión selectiva, la demora en los ascensos, la exposición pública del juez que falla contra el poder, el manejo discrecional de la integración de las cámaras, la presión mediática que vuelve "valiente" o "vendido" a un magistrado según el resultado de su sentencia. Mecanismos sutiles, todos, que erosionan sin estruendo la independencia judicial, pilar del debido proceso y garantía indispensable para la protección de los derechos fundamentales.
Un Poder Judicial sometido no equilibra: obedece. Y donde el poder no encuentra contrapeso, la libertad deja de estar asegurada. Lo dijo con claridad el constitucionalista riojano Joaquín V. González: "Ningún país de la tierra ha gozado de libertad, mientras no ha tenido asegurada su justicia". Defender su independencia, hoy, es defender la libertad.
*Abogado.
