La Sala 1 de la Cámara Federal porteña delibera sobre el pedido de excarcelación presentado por los empresarios y dueños del Grupo Indalo, Cristóbal López y Fabián de Sousa, ambos detenidos por supuesta defraudación al Estado al no pagar unos 8 mil millones de impuestos al fisco.
En su petición, plantearon que nunca se concretó la venta del Grupo Indalo y criticaron el embargo de 17.000 millones de pesos que pesa en su contra, monto que reclama la AFIP que conduce Alberto Abad, a modo de resarcimiento por “los daños y perjuicios ocasionados”.
López se entregó el pasado 20 de diciembre y fue trasladado al penal de Ezeiza mientras que De Sousa permanece en la cárcel de Marcos Paz. La investigación que los involucra, por la que también está procesado sin prisión preventiva al ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray, es por la evasión de unos 8 mil millones de pesos por el Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC), que le retenían por el expendio a través de su petrolera Oil Combustibles, y que habrían sido destinados a financiar otras empresas propias.
La Sala 1 de la Cámara Federal porteña podría definir la apelación realizada por el empresario en los próximas días, según pudo saber PERFIL.
La petición de López. En su escrito, el empresario señaló que Oil Combustibles se acogió a planes de facilidades de pago “otorgados por la AFIP”. “Los planes fueron adquiridos en igualdad de condiciones que otros contribuyentes”, indicó el texto al que accedió el diario Clarín.
En referencia a la intención de vender el Indalo a OP Investments, su abogado, Carlos Beraldi, negó cualquier “acción tendiente a obstruir la justicia”, y aseguró que no “se ha impedido la conservación de la garantía jurisdiccional (el valor del patrimonio del Grupo)”, con lo que rechazó los principales argumentos del juez Julián Ercolini para dictar la prisión preventiva.
El empresario señala que la venta del holding que cuenta con inhibición de bienes “no se concretó y no hay impedimento judicial para modificar la conformación de los directorios”. Además, el empresario puntualizó que no se abonó el valor de compra, que de manera simbólica se estableció en 100 pesos.
En cuanto al embargo, López sostuvo que la deuda real sería de 6.793 millones de pesos, tal como figura en el concurso preventivo de acreedores reabierto por orden de la sala D de la Cámara Comercial. Por ello solicitó que se revoque el embargo y que se levante la inhibición de bienes dictada sobre la totalidad de las empresas de Indalo.
