El juez federal Sebastián Casanello solicitó a la AFIP que le envíe toda la información sobre la usina de facturas apócrifas de Juan Ignacio Suris, el novio de la vedette Mónica Farro arrestado en Bahía Blanca como el supuesto líder de una banda narco. El magistrado incorporará esa línea de investigación a la causa contra Lázaro Báez por supuesto lavado de dinero.
La decisión es central para el avance del caso porque hasta el momento los únicos indagados son Federico Elaskar y Leonardo Fariña, quienes próximamente sabrán si quedan o no procesados por lavado. Fariña es el nexo que sigue complicando a Báez en la Justicia. Lo complicó en 2012 cuando dijo que lavaba dinero para el empresario K en la financiera SGI, de Elaskar, y a través de la cual Báez habría blanqueado 50 millones de euros. Pero en la causa, las pruebas que vinculan a Báez y SGI todavía son inciertas. El juez busca indicios de que Báez cometió algún delito que luego lo obligara a lavar el dinero ganado mediante actividades ilegales. La evasión fiscal es el más fácil de probar. Lázaro tiene un antecedente por evadir 500 millones de pesos en el Sur a través de facturas falsas. El caso Suris lo vuelve a vincular al delito de evasión.
“Valijero” problemático. Fariña es socio y amigo de Suris. La Justicia investiga si habría conectado a Báez con la usina de facturas truchas del bahiense.
Esta semana, Suris fue indagado por supuesto narcotráfico y detalló que vendió cientos de facturas apócrifas a decenas de empresas y empresarios, entre los que se encuentran compañías de la Patagonia. “Existen movimientos de sobrefacturación, como algunas empresas del Sur relacionadas con el Gobierno, [y] con municipios de esa zona”, declaró, según informó el diario La Nueva Provincia. “En la zona de Santa Cruz, con empresas, algunas de las cuales están relacionadas con el Gobierno nacional y provincial”, agregó el acusado.
“Que yo sepa, no”, dijo cuando le preguntaron si tuvo relación con Báez. A continuación, relativizó su negativa: “No sé cuáles son las empresas de Lázaro Báez”.
En 2011, antes de que sea investigado por venta de drogas. la AFIP investigó a Suris por su usina de facturas apócrifas y lo denunció ante la Justicia de Bahía Blanca, desde donde operaba. En ese expediente se investigó a 22 empresas y empresarios que usaron las facturas truchas que emitía Suris. Esos documentos falsos se utilizan para evadir impuestos como IVA y dibujar sobreprecios. Esos 22 son sólo el 14 por ciento de los clientes de Suris, según pudo establecer PERFIL al acceder al expediente.
La AFIP sólo denunció ante la Justicia a 22 de los usuarios porque éstos habían evadido más de 400 mil pesos -monto a partir del cual se comete el delito de evasión- y no regularizaron sus deudas a pesar de la intimación del fisco. Casanello ahora quiere la tira completa de los evasores -150 en total-, para saber si las compañía de Báez están entre esas “empresas del Sur relacionadas con el Gobierno, (y) con municipios de esa zona”.
Casanello pidió el viernes al fisco que remita no sólo los informes finales sobre cada uno de los usuarios de las facturas de Suris sino también todos los papeles de trabajo, estados intermedios de la investigación- que elaboraron los sabuesos durante la pesquisa. En una investigación de la AFIP, el expediente sobre un caso pasa por varios inspectores, de distintos niveles y áreas, todos van dejando asentada la información que encuentran.
