La Justicia rechazó un pedido del Gobierno para intervenir la firma de Joe Lewis
El titular del organismo, Ricardo Nissen, había firmado una nueva petición tras conocerse el viaje de jueces, fiscales y empresarios a la estancia ubicada en Neuquén. Para la Justicia, no hay motivos para intervenirla.
Asunto Lago Escondido |
Agencia Afp, Agencia Telam y Cedoc Perfil
El Gobierno nacional recibió un nuevo revés judicial en un pedido para intervenir la empresa Hidden Lake S.A., propiedad del magnate inglés Joe Lewis. El pedido había sido presentado por la Inspección General de Justicia (IGJ) en formato de medida cautelar.
Quien recibió esa presentación fue el juez en lo Comercial Diego Paz Saravia, quien decidió no hacer lugar a la solicitud al entender que "no ha logrado demostrar la necesidad de que la sociedad sea intervenida en resguardo del interés público".
El pedido había sido firmado por el interventor Ricardo Nissen después que se conociera que un grupo de jueces, fiscales y empresarios de medios habían viajado a Lago Escondido.
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Antes le había pedido a la empresa que informe ante el organismo si desde abril del año pasado hubo modificaciones en su organigrama. Es decir, si existieron cambios de accionistas y de los porcentajes de tenencia del capital social.
Ante eso, de acuerdo a información de NA, la empresa respondió el pedido de información y negó cambios en la estructura.
Pero la IGJ le dijo a la Justicia que en ese marco los abogados de Hidden Lake no aclararon "en qué marco se realizó la reunión celebrada en la propiedad rural de la que es titular, con la presencia de destacados funcionarios, magistrados, fiscales y personas vinculadas al Grupo Clarín".
El pedido para intervenir Hidden Lake llevó la firma de Ricardo Nissen.
Sin embargo, en su dictamen de rechazo al planteo, el juez sostuvo que "la prueba documental arrimada y precedentemente analizada no permite avizorar en esta instancia preliminar del proceso que exista una conducta u omisión que lo vulnere, ni que exista un peligro inminente y grave que conlleve a intervenir la sociedad".
Una desestimación previa
No es la primera vez que la Justicia se opone a intervenir la firma que está en permanente cuestionamiento por el oficialismo. En julio del año pasado, la Cámara de Apelaciones en lo Comercial, con firma de Héctor Chomer, María Uzal y Valeria Pereyra, rechazó el petitorio.
En aquel entonces, los jueces consideraron que se incurriría en un "abuso de autoridad y del legítimo ejercicio del poder de policía" si se avanzaba en la medida.
En el mismo sentido que como lo hizo en esta ocasión el juez Paz Saravia, los camaristas habían dejado en claro que la IGJ, conducida bajo la órbita del ministro de Justicia Martín Soria, no demostró motivos como incumplimientos por parte de la sociedad para avanzar en el pedido. Allí también, ante un planteo relacionado a la apertura de un camino de acceso, recordaron que la cuestión se dirime en la Justicia provincial de Río Negro.
