La sanción de la ley de condonación de multas, suspensión de acciones penales tributarias, exteriorización de moneda y bienes del exterior y promoción de empleo en pymes, conocida como el blanqueo de capitales es Ley formal, pues fue aprobada por ambas Cámaras del Congreso y será prontamente promulgada por el Ejecutivo.
En consecuencia, hay en curso una Ley que cumple con las formalidades de un estado de derecho, pero que mueve a una pregunta central: ¿se cumple con el derecho de los ciudadanos de aspirar a tener un Estado?
No resulta suficiente que los legisladores de la oposición compartan parte de la norma y parte no, o que voten en general a favor y en especial se abstengan de votar o voten en contra, porque son triquiñuelas para justificarse luego.
Un solo aspecto debería ser reflexionado y es la suspensión de las acciones penales tributarias ante el acogimiento al plan de facilidades de pago que la misma ley de blanqueo ofrece.
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Hay que tener presente que no se trata de morosos o, como se mencionó, aquellos que sufrían la mochila fiscal, consecuencia del tsunami económico de fines de 2001 y el año 2002. Los que quedaron tienen poco de la mochila y el resto desapareció o son piqueteros o tienen planes de subsistencia que el propio Gobierno les entrega. La medida, para esos fines, era útil en el año 2003, pero no ahora.
No se está ante morosos, sino en muchos casos ante la presencia de hechos delictivos. No son casos en los que se atrasaron en pagar impuestos o aportes y contribuciones sino que, mediante estafas al Fisco -como facturas truchas o apócrifas- no pagaron lo que debían pagar.
Para ello, funcionarios de la AFIP y de los Tribunales especializados han trabajado enorme cantidad de horas, para obtener pruebas documentales que acrediten los delitos.
Es de imaginarse cómo pueden sentirse esos ciudadanos si luego de meses de trabajo y cuando han logrado acumular suficiente cantidad de elementos como para hacer una denuncia o probar un delito, les dicen que no debe hacer nada más porque el presunto delincuente pagará lo que estafó y, además, en 120 meses con una tasa de interés ridícula. Toda una frustración y una enorme impotencia. La consecuencia directa es el descreimiento.
Pero, por lo visto, la recaudación está antes que el derecho. Quienes pagan todos sus impuestos en tiempo y forma pueden reclamar a sus legisladores que lo que han votado no se corresponde con el derecho básico que tienen los ciudadanos de tener un Estado que cumpla no formalmente como lo hecho con la Ley del blanqueo, sino en lo real y sustancial o sea tener un Estado con igualdad de derechos y obligaciones para todos, con premios y castigos y no con impunidad por dinero.
Se ha provocado una herida de muerte a parte de los ciudadanos del país que estaba en formación, a partir del cumplimiento de obligaciones fiscales. ¿Qué explicará la AFIP ahora en las escuelas? ¿Qué responderá cuando los alumnos de primaria le pregunten si es cierto que con dinero todo se soluciona? Ese es el Estado que nuestros legisladores han dejado después de haber aprobado la Ley del blanqueo. Aquellos que han pagado sus impuestos con mucho esfuerzo y lo siguen haciendo por convicción cívica tienen el derecho de tener otro Estado. Mientras tanto fueron estafados.
Sería dable esperar que se derogue la Ley Penal Tributaria y se dicte otra presupuestaria, para que la AFIP controle el gasto público, de igual forma que controla el gasto y los ingresos de privados.
(*) Jorge Haddad es abogado especialista y consultor en Derecho Tributario, profesor universitario, conferencista y director del Instituto de Derecho Tributario del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.
