Cristina Kirchner busca apartar a la jueza María Eugenia Capuchetti del expediente que investiga el intento de homicidio en su contra. Si bien la vicepresidenta lo anunció esta semana a través de su cuenta de Twitter, sus abogados trabajan en la presentación que consignarán en el juzgado federal número 5 la próxima semana.
La recusación de la vicepresidenta se funda en el rechazo de la magistrada a realizar ciertas medidas requeridas por sus letrados querellantes en la llamada “Pista Casablanca” que apunta a que el diputado del PRO Gerardo Milman pudo haber tenido conocimiento del atentado dos días antes de que fuera ejecutado por Fernando Sabag Montiel.
Puntualmente, Capuchetti desestimó ordenar el secuestro de los teléfonos celulares de Ivana Bohdziewicz y Carolina Gómez Mónaco, ambas asesoras de Milman con quienes estuvo reunido en la confitería Casablanca ubicada frente al anexo de la Cámara de Diputados.
Según Jorge Arbello, asesor del diputado Marcos Cleri y también conocido como el “testigo clave” en esa averiguación, Milman le había dicho a Bohdziewicz y a Mónaco “cuando la maten, yo estoy camino a la costa”, haciendo referencia al atentado a Cristina Kirchner. Dicha línea de investigación se mantuvo bajo reserva hasta hace poco y tuvo diversas medidas que llevó adelante la justicia.
El legajo, decantó en una causa por falso testimonio.
La jueza Capuchetti y el fiscal Rívolo le tomaron testimonio a las colaboradoras de Milman quienes negaron los dichos del legislador. Por otra parte, Arbello y su cuñado Sebastián Rende, también declararon como testigos. Rende, que al momento de los supuestos dichos de Milman estaba con Arbello, bajo juramento de decir la verdad manifestó “no haber escuchado nada”.
Y es que según consta en los testimonios y las cámaras de la confitería, Arbello y Rende se habían ubicado en una mesa cerca de un televisor para ver un partido de tenis, en la mesa contigua a la de ellos se encontraba Mario Leíto, diputado del Frente de Todos y presidente del Club Atlético Tucumán y en la siguiente Milman y sus asesoras.
Rende aseguró que no podía escuchar la televisión por el ruido del bar ni tampoco lo que hablaban en la mesa donde estaba Leíto a quien dijo recordarlo por tener memoria visual y conocerlo del fútbol. El testigo también reconoció a Milman después que Abello le contara que estuvo vinculado al gobierno de Mauricio Macri, sin embargo Sebastián dijo que “miraba más a las chicas que estaban con él” que al propio Milman y que “no escuchaba de qué hablaban, parecía que él hacía chistes y las chicas se reían”.
Con todos esos elementos los investigadores determinaron que no existían pruebas para involucrar a Milman. Para la jueza y el fiscal los dichos del asesor del diputado Cleri fueron inventados y le iniciaron una causa por falso testimonio, dicho expediente es investigado por el juez Julian Ercolini y el fiscal Eduardo Taiano.
Sin embargo, los abogados de la querella que representa la vicepresidenta quieren asegurarse a toda costa que Milman pudo haber tenido conocimiento previo del atentado, para ello insistieron ante la Cámara Federal Porteña el secuestro de los teléfonos de Mónaco y Bohdziewicz.
Así lo aseguró el letrado Marcos Aldazábal quien este jueves ante los camaristas Llorens, Bruglia y Bertuzzi, afirmó que no se está solicitando la detención de Milman sino los dispositivos de sus asesoras para que “se proceda a investigar esta línea con contundencia”.
Toda vez que la querella presente la recusación será la propia jueza Capuchetti quien analice si admite o la rechaza. Para cualquiera de las dos alternativas, la última palabra vendrá de la mano de la Cámara Federal de Apelaciones puesto a que en caso de aceptar el apartamiento, ese tribunal de alzada deberá sortear nuevo juez para que intervenga en la causa.
Por el contrario si la desestima, será Mariano Llorens, en su rol de titular de dicha instancia judicial quien analice los fundamentos de Capuchetti para continuar frente al expediente y determinar si debe continuar o no con la investigación que tiene a Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Gabriel Carrizo como procesados y cerca del juicio oral.
