Febrero comenzó con un aumento del 9% en las naftas de YPF, y del 11% para el gasoil, en pleno comienzo de la cosecha gruesa. El ministro de Economía, Martín Guzmán, dejó de lado sus disputas con los miembros de la secretaría de Energía, pertenecientes al Instituto Patria, y tiene en mente aumentar 30% las tarifas de electricidad y gas, para reducir los subsidios y reducir el déficit fiscal.
El tema no es menor. El Estado debería destinar este año US$ 14 mil millones al mantenimiento de los subsidios y la importación de energía, un monto tan grande como el que debe abonar por la deuda con organismos internacionales de crédito. Es cierto que el combustible no aumentaba desde mayo del año pasado, y hasta parecía “barato” respecto a otros insumos que aumentaron, hasta enero, 30% como la inflación, o 31% en dólares el precio del barril de petróleo.
“Es el problema de los precios relativos. No todos los valores de los bienes y los servicios se mueven al mismo tiempo y de la misma manera, y cuando uno queda fuertemente rezagado, por el motivo que fuera, cuando ‘vuelve’ lo hace con toda la fuerza”, explicó Guillermo Phillips, de la consultora Economía y sociedad a PERFIL.
En este carrusel de suba de precios, ahora es el turno del gas y la electricidad, en los que Guzmán busca un aumento de, al menos, el 30% para el gas residencial, y del 40% para la electricidad en Capital Federal y el Gran Buenos Aires, donde se concentra un tercio del consumo y reducir al máximo el dinero que se destina a los subsidios.
La semana pasada, en la audiencia pública para definir la tarifa de gas, las empresas pidieron un aumento del 76,2%, luego de haber recibida el 6% el año pasado, lo que los dejó muy lejos de una inflación del 51%.
En ese encuentro, desde el sector empresario, el jefe del Departamento de Energía de la Unión Industrial Argentina (UIA), Alberto Calsiano, objetó el tratamiento diferente en los subsidios para ese sector y para los usuarios residenciales, que a su juicio implicó que, mientras el consumo de gas de la industria se mantuvo estable en los últimos años, el de los hogares aumentó más del 40%.
Para el 17 de febrero está prevista la primera audiencia, de manera virtual, para definir el aumento de la tarifa de electricidad, que solo subió el 9% desde septiembre del 2021 hasta hoy, en el AMBA.
El viernes, el ENRE le acercó su propuesta de segmentación tarifaria al Palacio de Hacienda. Esa iniciativa propuso que cerca de medio millón de usuarios de la Capital Federal y el conurbano bonaerense dejen de recibir parte de los subsidios a la energía eléctrica. El trabajo propone que paguen la tarifa completa las propiedades con valor de US$ 3.700 el metro cuadrado. Todo esto cuando se conoció el último relevamiento del BCRA en el que las consultoras prevén una inflación anual de casi 58%.
Para arrancar, un aumento del 20% en electricidad. Guzmán quiere “arrancar” con un aumento del 20% para todos los hogares en marzo, para subir otro 10% en mayo o junio, y luego “segmentar las tarifas” para alcanzar incrementos de hasta el 70% en countries o viviendas de lujo, como las torres de Puerto Madero, que de por sí, tienen tarifa diferenciada.
Lo cierto es que estos aumentos no serán gratis. Impulsarán una inflación que inició el año con un 3,8%; adelantó el secretario de Comercio, Roberto Feletti, y apunta a ubicarse por encima del 54% en el año, según las consultoras.
Atrás quedaron las palabras de finales de enero, cuando el presidente Alberto Fernández anunció el cierre de la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y aseguró que ese entendimiento no exigiría una reforma laboral, ni previsional, y tampoco impactaría en los servicios públicos. El propio organismo se encargó de “enmendar la plana”.
En el comunicado emitido por el Fondo el mismo día, se informó que la vicedirectora para el Hemisferio Occidental, Julie Kozack, y el jefe de la misión para la Argentina, Luis Cubeddu, “han llegado a entendimientos sobre políticas clave, como parte de sus discusiones en curso sobre un programa respaldado por el FMI”. Se detalló además, desmintiendo al Presidente, que “acordamos que una estrategia para reducir los subsidios a la energía de manera progresiva será fundamental para mejorar la composición del gasto público”.
Solo para el gas se necesitan $ 81 mil millones adicionales.
Hasta el año pasado, el Estado Nacional destinaba $ 135.365 millones, para cubrir el 70,9% del costo total de la tarifa de la demanda prioritaria. Ahora, para mantener ese nivel de ayuda se requerirá de $ 81 mil millones adiciones, si no, esa asistencia caerá al 44%; estimó la subsecretaria de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía, Maggie Videla.
La suma de estas cifras alcanza a los $ 216.365 millones, alrededor de unos US$ 1.960 millones al tipo de cambio oficial, según dijo Videla la semana pasada, al cierre de la audiencia pública por el aumento de tarifas.
La noticia se conoció de manera paralela a que el Gobierno negocia con el Fondo Monetario Internacional (FMI) una rebaja a los subsidios, entre ellos a la energía, para reducir el déficit fiscal del 3% del PBI. Al respecto, un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) indicó que en 2021 los subsidios destinados al sector energético (gas y luz) ascendieron a $ 1,046 billones, es igual a dos tercios del total, casi 80% de todo el déficit primario.
