El empresario Lázaro Báez deberá afrontar un juicio oral por lavado de dinero. El juez federal Sebastián Casanello dio por concluida ayer la investigación judicial contra el socio de la familia Kirchner y elevó el expediente para que sea analizado por un tribunal oral. Es el primer caso de corrupción en la obra pública kirchnerista que llega a esta instancia. Junto con Báez, otros 24 procesados deberán afrontar el juicio oral y público, incluidos sus hijos Martín, Leandro, Luciana y Melina, vinculados directamente a las cuentas en Suiza que se utilizaron para el lavado de activos.
Los hijos de Báez están procesados por ser los beneficiarios finales de una red de empresas offshore que controlaba cuentas bancarias en Suiza. A través de estas compañías radicadas en paraísos fiscales, los Báez sacaron del país unos U$S 60 millones justo después de la muerte del ex presidente Néstor Kirchner. La fuga y la maniobra de blanqueo se extendieron entre fines de 2010 y principios de 2013.
Nuevos informes de Suiza complican aún más a los hijos de Lázaro Báez
Otros dos procesados por el caso acompañarán al empresario y sus hijos en el banquillo de los acusados. El contador Daniel Pérez Gadín y el abogado Jorge Chueco, sindicados como los cerebros de la ingeniería financiera también fueron enviados a juicio ayer.
El caso implicara el recupero de bienes por al menos $ 3 mil millones, que incluye inmuebles y muebles, una estancia de US$ 5 millones en la provincia de Mendoza y dos Ferrari. Ya se han entregado al Estado 154 máquinas viales y dos aviones. Cada uno de los acusados está embargado por $ 10.500 millones. El delito de lavado prevé penas que van desde los cuatro años y medio hasta los 13 años y 4 meses de prisión. Báez, Pérez Gadín y Chueco se encuentran con prisión preventiva.
Además, Casanello homologó ayer el acuerdo entre el fiscal Guillermo Marijuan y Leonardo Fariña, uno de los procesados en la causa que terminó declarando como arrepentido y colaboró con parte de la última etapa de la investigación. El juez llegó a la conclusión de que durante los últimos meses de 2010, Báez comenzó a fugar dinero negro, que el juez federal Julián Ercolini probó en otro expediente que provenía de la corrupción en la obra pública, ya que se originó de contratos direccionados hacia sus empresas durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Báez contó con los servicios de Fariña, quien admitió haber participado del esquema de lavado.
La maniobra investigada incluye la adquisición en enero de 2011 de la financiera SGI, de Federico Elaskar, quien también irá a juicio. La compra se hizo con dinero de Báez con el fin de que funcionara como centro de las operaciones de lavado y fuga del dinero. Los millones viajaron por sociedades secretas de Panamá, Belice, Uruguay, España, Estados Unidos y Suiza.
Finalmente, parte del dinero negro retornó blanqueado a las cuentas de Austral Construcciones en el Banco Nación. Báez lo reingresó al país gracias a las gestiones de la sociedad suiza Helvetic Services Group, mediante la compra en el extranjero de bonos de la deuda pública argentina por un valor aproximado de US$ 33 millones que fueron inmediatamente liquidados en el Mercado de Valores de la ciudad de Rosario. La financiera Helvetic se encargó de que esos fondos, equivalentes entonces a $ 208 millones, fueran depositados a través de nueve cheques endosados en favor de Austral.
