El Senado comenzará a tratar este miércoles, a partir de las 15, tres proyectos de ley para regular la gestión de intereses en el ámbito del Estado, también llamada actividad de lobby, que obligará a los lobbistas a inscribirse en un registro público y a los funcionarios a registrar las reuniones. Los proyectos fueron presentados a la Comisión de Asuntos Constitucionales por jefe del Bloque Justicialista, Miguel Pichetto, la ex senadora Liliana Negre de Alonso y la senadora de Río-Sur Magdalena Odarda.
Los proyectos definen como lobbista a "toda persona física o jurídica que en provecho propio o en beneficio de terceros, a cambio de una remuneración, realice acciones en defensa de sus intereses o de los intereses de terceros" para influir en las decisiones que adopta el Estado.
A partir de allí, comienzan las diferencias entre los distintos proyectos, dado que el que presentó la puntana Negre de Alonso el año pasado, antes de dejar el Senado, apunta exclusivamente al lobby en el Congreso, mientras que el de Pichetto busca regular la actividad en el Poder Legislativo y en la administración pública nacional. El proyecto de Odarda, en tanto, sólo apunta a regular el lobby en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional.
La iniciativa de Negre de Alonso establece la creación en la Cámara de Diputados y del Senado de "registros públicos de lobbistas", los cuales deberán debe otorgar credencial a las personas que realicen la actividad de la gestión de intereses y "poner a disposición del público la totalidad de la información contenida en cada uno de los dos registros". Allí deberán inscribirse obligatoriamente quienes mediante esta actividad busquen "influir en la formulación, trámite, modificación, adopción, rechazo, aprobación, o sanción de posiciones, de dictámenes de comisiones, o de proyectos de comunicación, resolución, declaración, ley o decretos, producidos por el Poder Legislativo de la Nación".
Los lobbistas deberán presentar una declaración jurada con sus datos personales o los de su empresa, así como su CUIT y CUIL, y deberán presentar un informe semestral con "los métodos empleados y los funcionarios o dependencias contactados con el fin de promover sus intereses o los de su mandante". El proyecto establece que no podrán ser lobbistas quienes ejerzan cargos públicos (y si ya no lo ejerce, deberán esperar 12 meses para dedicarse a la actividad del lobby), tampoco su cónyuge o parientes de primer grado de consanguineidad.
Quedan excluidos también de la actividad quienes estén inhabilitados judicialmente para ejercer cargos públicos, ni las que tengan condena por delitos dolosos. Todos estos aspectos figuran también en el proyecto de Pichetto, que lleva el nombre de "Regulación de las actividades de gestión de intereses" y, como abarca también a la administración pública nacional, incluye el lobby que puede hacerse con vistas a los actos administrativos del Ejecutivo y contratos administrativos.
Además del Registro Público de Gestores de Intereses, idéntico al que propone el proyecto de Negre de Alonso, la iniciativa del senador justicialista agrega la obligación de elaborar un Registro Público de Audiencias. Esa obligación alcanza al Presidente de la Nación, Vicepresidente, jefe de Gabinete, ministros y los legisladores de ambas Cámaras del Congreso, que deberán consignar en el registro la fecha, hora y lugar de la audiencia, los datos de la persona solicitante, el interés representado y los funcionarios que participen de la reunión.
Para la administración pública nacional, la autoridad de aplicación de la ley será la Jefatura de Gabinete y para el Congreso será una Comisión Bicameral de Transparencia, cuya creación se propone en el proyecto de Pichetto, que también excluye como lobbistas a las mismas personas que la iniciativa de Negre de Alonso. En tanto, el proyecto de Odarda regula la actividad únicamente en el Poder Ejecutivo Nacional y es mucho más acotado, dado que sólo establece la obligación de registrar las audiencias de gestión de intereses, por parte del Presidente de la Nación, el vice, el jefe de Gabinete, los ministros, secretarios y subsecretarios e interventores federales. Durante el debate en el plenario de comisiones, los senadores buscarán unificar las tres iniciativas en un sólo proyecto.
D.S. (NA)
