El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, advirtió este domingo que el máximo tribunal "funciona bien" con cinco miembros y sostuvo que un aumento de ese número redundaría en un "desprestigio" para el Presidente que lo impulse y también para la Justicia.
Además, Lorenzetti minimizó las criticas de la presidente Cristina Fernández de Kirchner al Poder Judicial al remarcar que "ella tiene derecho a opinar", como "cualquier otra persona" pero "nosotros tenemos a derecho a decidir con independencia" y "no nos podemos dejar guiar en nuestras decisiones por lo que escuchamos o por las presiones, provengan de cualquier lado".
"En Argentina el número de ministros de la Corte fue históricamente de cinco y la experiencia política indica que cada vez que el Congreso modificó el número de jueces, lo hizo para cambiar la mayoría del tribunal", señaló Lorenzetti.
En ese sentido, abundó: "Cada vez que se hizo esa maniobra, siempre redundó en desprestigio para el Presidente y para la propia Corte", como le ocurrió al ex presidente Carlos Menea.
En entrevistas publicadas hoy por los diarios Clarín, La Nación y Página 12, Lorenzetti se refirió a las versiones sobre un proyecto para ampliar a nueve el número de miembros de la Corte, que impulsaría el kirchnerismo si el miércoles fracasa la postulación de Roberto Carlés para ocupar el quinto lugar del máximo tribunal tras la salida del penalista Raúl Zaffaroni.
Sobre esa postulación, Lorenzetti prefirió no pronunciarse porque, dijo, "así como nosotros reclamamos que los otros poderes respeten la independencia de los jueces, nosotros no podemos opinar" y aclaró que es el Senado el que debe emitir su dictamen con el candidato que propuso la jefa del Estado.
Lorenzetti afirmó que "la Corte funciona bien" con cinco miembros y sostuvo que "el problema de la ampliación" de jueces "no es el número sino de cuál es la intención y el efecto".
Consultado sobre la integración de esa eventual Corte de 9 miembros con cinco conjueces, Lorenzetti recordó hay "muchos planteos de inconstitucionalidad alrededor del nombramiento de aquella lista" que debe ser resuelta por el máximo tribunal.
En otro orden, disparó hacia la jefa de la Procuración Alejandra Gils Carbó, con vistas a la aplicación del nuevo Código Procesal Penal que dejará en manos de los fiscales las investigaciones penales.
Asimismo, afirmó que "así como se exige para designar a un juez que atraviese mecanismos de control y transparencia, lo mismo debe exigirse sobre los fiscales" porque "en la Argentina se vuelve difícil aplicar soluciones que funcionan bien en muchos otros países".
Y sostuvo que "lo primero que se necesita es investigación policial especializada, con recursos técnico" y un "cuerpo especializado en la investigación de casos complejos". "Es necesario que haya una cooperación entre los tres poderes del Estado para hacer reformas procesales, crear cuerpos policiales especiales y para la designación de jueces. No se puede jugar a la política con la tragedia", sentenció.
No quiso opinar sobre la investigación de la muerte del fiscal Alberto Nisman, pero afirmó que hubo "una mala intención" sobre la expresión "cosa juzgada" en el caso de la Embajada -"una causa muy antigua y muy compleja", señaló-, y remarcó que "hay una confusión" porque el máximo tribunal nunca rechazó analizar la posibilidad de delitos de lesa humanidad en Malvinas.
"La Corte no tiene ningún caso. Si le llega un caso en el que se plantea si hay un delito de lesa humanidad con torturas probadas en el caso Malvinas, lo va a tratar", añadió.
