La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) otorgó a grandes empresas, como las de Cristóbal López, el beneficio tributario conocido como “el 32”, y lo hizo de manera “discrecional” y bajo “criterios políticos”. En varias ocasiones dependieron no sólo de la aprobación de Ricardo Echegaray, entonces titular del fisco, sino también de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Así lo confirmaron esta semana a PERFIL fuentes oficiales del gobierno kirchnerista, de la actual administración y testigos directos de las negociaciones.
La AFIP no tuvo un protocolo oficial que determinara qué condiciones debían cumplir las empresas para lograr que la AFIP les permitiera ingresar en moratorias con bajos intereses y plazos de hasta 10 años, especialmente diseñadas para ellas. Al menos hasta el caso Ciccone. Eso demostraría para el nuevo Gobierno que “los 32” fueron otorgados a quienes el kirchnerismo quería otorgárselos.
PERFIL accedió a algunos de los beneficiados con “el 32” durante la era K. Algunas de las más importantes: Metrovías -que tiene la concesión de subtes-, Benito Roggio, Sancor y la constructora Iecsa -del primo de Mauricio Macri, Angelo Calcaterra-. Hay también varias empresas de transporte de pasajeros que por autorización de la Jefatura de Gabinete recibieron el beneficio porque si no estaban en un plan de pagos no podían cobrar los subsidios. Y numerosas empresas de medios de comunicación.
“El 32” podía otorgarse para deudas en IVA, ganancias y cargas sociales. El caso de Cristóbal López es paradigmático porque se lo dieron después de que dejara de pagar un impuesto que le cobraba a los usuarios de sus estaciones de servicio cuando compraban nafta y usó esos fondos para comprar otras empresas, como reveló La Nación. “Todas las grandes empresas se financian con los fondos que deberían destinar al pago de impuestos, es el problema de no tener capacidad de crédito en la Argentina”, explicó un tributarista acostumbrado a lidiar con “el 32”. “El problema es que se usaba el dinero de los impuestos para financiarse con el aval del Gobierno”, responden desde el macrismo.
El nuevo titular de la AFIP, Alberto Abad, ordenó una auditoría completa de los 1.600 beneficiarios del plan de pago autorizado por el artículo 32 de la Ley de Procedimiento Tributario Nacional. En el organismo sospecha que algunas empresas lograron a cambio de un porcentaje de la deuda negociada. Apuntan a funcionarios públicos y al menos a un estudio contable relacionado con un miembro del organismo. En el entorno de Echegaray lo desmienten.
La Oficina Anticorrupción (OA) abrió ayer una investigación del patrimonio de Echegaray y sus colaboradores cercanos, tras el pedido de Carrió.
¿Fue discrecional la decisión de qué empresas se beneficiaban con moratorias especiales? “Sí”, admiten en el kirchnerismo. ¿Fue por cuestiones políticas? “Muchas veces, otras para salvar empresas que se quedaban en la calle”, agregan. “Fue legal”, aclaran. ¿Fue lo correcto? “Fue legal”, repiten. Sólo por caso, un intermediario recordaba esta semana cuando llamó a un alto funcionarios de la AFIP para pedirle que otorgue un “32” a una ONG. “Olvidate, eso lo decide la Presidenta”, le contestaron.
Cuando estalló el escándalo Ciccone, la AFIP decidió establecer nuevas reglas para las empresas beneficiadas. Se establecieron dos requisitos: la limitación de la distribución de dividendos y el mantenimiento de los puestos de trabajo.
Antes de eso, no existían condiciones oficiales y la regla era la discreción
