Los jueces que liberaron a "Chocolate" Rigau quedaron al borde del enjuiciamiento
A pesar de que cerraron la causa principal, la Corte Suprema bonaerense y la Secretaría de Enjuiciamiento investigarán su conducta. En paralelo, un fiscal analiza el expediente originado con la detención del puntero con 48 tarjetas de débito.
La metáfora aplica casi a la perfección. Está claro que no se puede tapar el sol durante mucho tiempo porque tarde o temprano volverá a asomar. Y el caso deJulio Chocolate Rigauparece dejarlo en claro. Es que la Corte Suprema bonaerense y un jurado de enjuiciamiento ya tomaron intervención para evaluar la conducta de Juan Alberto Benavides y Alejandro Villordo, los camaristas platenses que invalidaron el accionar policial que terminó con el puntero de las 48 tarjetas de débito detenido, ordenaron su liberación y frenaron la investigación de lo que parecería ser un iceberg de la corrupción política.
El 21 de septiembre, con la llegada de la primavera, ambos camaristas -con un voto en disidencia del juez Fernando Mateos- se plegaron a favor de liberar a Rigau tras 12 días detenido. Ello a pesar de que fue encontrado en un cajero del Banco Provincia de La Plata mientras sacaba dinero de 48 tarjetas de débito de empleados de la Legislatura bonaerense y que, además, tenía una bolsa con 1,2 millones de pesos.
Como el escándalo parecía haber caído en saco roto en el plano judicial, una presentación de referentes de Juntos por el Cambio ajenos al ámbito de la Legislatura bonaerense activó tres mecanismos que buscan evitarlo.
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Tal como adelantó el lunes PERFIL, la Procuración bonaerense remitió la presentación del diputado nacional Ricardo López Murphy, del intendente de Capitán Sarmiento Javier Iguacel y de la abogada María Eugenia Talerico a la Corte Suprema de la provincia, a la Fiscalía General de La Plata y a la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios.
Los videos de Rigau en el cajero, antes de su detención.
Qué se puede esperar de la Corte
Por un lado, el máximo tribunal bonaerense se dedicará a definir si los camaristas mencionados incurrieron en alguna inconducta, tal como dejaron expresados los referentes de Juntos por el Cambio. Para eso, en los próximos días serán convocados los abogados que avalaron la presentación de López Murphy, Iguacel y Tallerico para que ratifiquen la presentación y a partir de ahí comenzará el desarrollo de un informe sumarial.
Se trata de un trámite reservado en el marco de la Subsecretaría de Control Disciplinario de la Corte, que consta de la designación de un abogado o abogada que se dedicará a investigar el caso y establecer si los jueces Benavides y Villordo incurrieron en alguna falta de conducta. El objetivo de esa instrucción será redactar un dictamen final no vinculante que será remitido a los jueces de la Corte bonaerense, quienes tomarán la decisión final. En esa parte del proceso podrían pedirle un descargo a los magistrados.
Ese dictamen puede tener, según explicaron fuentes judiciales a PERFIL, dos salidas: o el archivo del expediente ante la inexistencia de elementos que responsabilicen a los magistrados o la recomendación de una sanción administrativa. Pero el panorama de los magistrados podría agravarse más en caso de que haya pruebas que evidencien una falta mayor que deba ser investigada en el marco de un juicio político.
Si el dictamen de Control Disciplinario y la posterior decisión de la Corte arribaran a esa salida, el máximo tribunal provincial debería remitirle el planteo a la Procuración para el inicio de un jury, ya que la Corte no tiene facultades para exonerar a un funcionario judicial.
La Corte Suprema bonaerense investigará a los camaristas que dejaron libre a Rigau.
Los jueces, investigados por diputados y senadores
El intríngulis judicial que desató el caso de Rigau y la actuación de los jueces que lo liberaron también tiene un capítulo que empezará a desarrollarse en la Secretaría de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios, que funciona en el ámbito del Senado bonaerense. Se trata de un órgano que tiene a cargo la investigación de las denuncias y la coordinación de un Jurado de Enjuiciamiento integrado por el presidente de la Corte provincial y diez conjueces (5 legisladores abogados, sean diputados o senadores; y 5 abogados de la matrícula).
La Secretaría está presidida por Ulises "Coco" Giménez, histórico apoderado del PJ bonaerense. Giménez fue designado con acuerdo del Senado y tiene facultades instructorias para investigar y recoger prueba "para llevar adelante las investigaciones que se impulsan bajo su órbita, con el objeto último de acreditar la permanencia de las aptitudes que llevaron a los denunciados a poseer el cargo". Así se desprende del sitio oficial del organismo.
El entramado se completa con el plano judicial relacionado estrictamente a la investigación en torno a Rigau y las 48 tarjetas.
Un intento por reflotar la causa
Por un lado, el fiscal general de La Plata, Héctor Vogliolo, trabaja por estas horas para emitir una apelación ante la Cámara de Casación en cuestionamiento a la decisión de Villordo y Benavides. El objetivo es conseguir un fallo favorable que ordene que el caso se siga investigando y se revise si "chocolate" tiene que estar preso o continúa libre.
Ulises "Coco" Giménez, apoderado del PJ bonaerense y a cargo de la Secretaría de Enjuiciamiento.
Simultáneamente, la denuncia de López Murphy, Iguacel y Talerico también llegó a manos de un fiscal de primera instancia de La Plata. Se trata del fiscal Juan Ignacio Menucci, subrogante en la UFI N°6, que a última hora del martes le pidió a la fiscal Betina Lacki que le remita el expediente originado a partir de la detención de Rigau, supo PERFIL.
Una vez que lo tenga en su poder, el fiscal buscará determinar si existe un nuevo objeto procesal que justifique el desarrollo de una investigación judicial. Es decir, si detectara un delito nuevo, diferente a la estafa que investigaba su colega Lacki hasta el 21 de septiembre, cuando llegó el fallo de los camaristas que invalidó el acta de inicio por la supuesta irregularidad en la intervención policial.
Su margen es limitado a raíz de la garantía conocida como ne bis in ídem, que indica que nadie puede ser investigado o procesado más de una vez por un mismo hecho. Por estas horas el fiscal trabaja a contrarreloj mientras sigue de turno policial.
