Piden investigar a los jueces que liberaron al puntero de las 48 tarjetas de débito
Dirigentes opositores pidieron que el procurador general investigue a los camaristas Villordo y Benavides. Creen que incurrieron en mal desempeño al liberar a Julio "Chocolate" Rigau.
Julio Chocolate Rigau. |
Twitter @martinezmerce18
Tres dirigentes opositores pidieron este lunes 25 a la Justicia que se investigue a los dos jueces de la Cámara de Apelaciones de La Plata que ordenaron liberar a Julio "Chocolate" Rigau, el puntero de las 48 tarjetas de débito. Además, buscan que se investigue el presunto esquema de corrupción, causa que se cerró tras la decisión de los mencionados camaristas.
La presentación lleva la firma del diputado nacional Ricardo López Murphy, del intendente de Capitán Sarmiento Javier Iguacel y de la abogada María Eugenia Talerico, de Republicanos Unidos. Está dirigida a Daniel Horacio Lago, titular de la secretaría de Política Criminal, Coordinación Fiscal e Instrucción Penal del Ministerio Público bonaerense.
Así y todo, fuentes judiciales le dijeron a PERFIL que la presentación está mal dirigida, ya que no correspondía enviarla a la Secretaría mencionada. Ante eso, desde el Ministerio Público dijeron que se derivará a la Fiscalía General, a la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento y a la Suprema Corte bonaerense. Si avanza y los citan a los autores de la presentación a ratificar, tendrán la posibilidad de enmendar ese error, supo este medio.
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Ricardo Lopez Murphy, uno de los autores del planteo.
Los tres referentes opositores pidieron que se inicie una investigación penal ante la posible comisión de delitos de acción pública que pudieran estar sucediendo en la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires y que "compromete el cumplimiento de los tratados internacionales de lucha contra la corrupción".
Además, pidieron que se investigue el accionar de los jueces Juan Alberto Benavides y Alejandro Gustavo Villordo, "con el fin de promover la acción de remoción por mal desempeño en sus funciones".
Se trata de los dos camaristas que el viernes pasado resolvieron a favor de Rigau un hábeas corpus que cuestionaba su detención ocurrida hace dos semanas en un cajero de las calles 7 y 54 en La Plata. Ambos camaristas ordenaron su liberación y dispusieron que se cierre la investigación por considerar que había sido víctima de un procedimiento policial irregular.
Qué dice la presentación contra los jueces del caso de las 48 tarjetas
"La envergadura de los hechos hasta aquí narrados con un sujeto interceptado en un cajero automático sacando plata con 49 tarjetas de débito emitidas a solicitud de la Honorable Cámara de Diputados por 1.260.000 pesos, nos permiten, sin lugar a dudas poner un manto de sombra sobre las contrataciones de los empleados legislativos (de planta permanente, temporaria y contratados), y el deber inexcusable de investigar el uso del dinero público", expresaron en la presentación.
Para los autores de la presentación, el hecho de que una sola persona tenga en su poder semejante cantidad de tarjetas de débito demuestra que Rigau "no actúa solo y que forma parte de un armado mayor de corrupción, de presta nombres, de padrinos políticos que se han organizado para defraudar al Estado".
En la misma presentación también hicieron una serie de cálculos en torno al presupuesto con el que cuenta la Legislatura bonaerense. A partir de información "parcial" buscaron exponer la supuesta "exorbitancia" de un presupuesto "que puede estar siendo manejado fraudulentamente".
"La intervención judicial es urgente, y no significa una intromisión de un poder sobre otro, porque más allá de este caso escandaloso que pone al descubierto posiblemente una matriz de corrupción que hay que desmantelar, hace años que varios escándalos vienen afectado la reputación de la Legislatura Bonaerense", expresaron los denunciantes.
Por otro lado, en la presentación de 16 páginas fundamentaron la necesidad de un juicio político contra los camaristas que, sobre la base de presuntas irregularidades en el procedimiento policial que terminó con Rigau detenido, decidieron liberarlo.
Pedido de juicio político con errores
Los denunciantes citaron la ley 12.601 para señalar que el Procurador general puede iniciar una investigación para investigar a ambos camaristas para determinar si incurrieron en mal desempeño de sus funciones o en algún delito. Sobre este punto en particular, fuentes consultadas por PERFIL explicaron que es un error fundado en una ley derogada años atrás. Es decir, descartaron que el procurador Julio Conte Grand pueda iniciar una investigación.
"Si un señor extrayendo dinero de un cajero bancario con 49 tarjetas de débito, colocándolo en una bolsa negra (con 1.260.000 pesos), no constituye 'sospecha razonada o causa probable' para que la policía, que acudía por un llamado al 911 que alertó sobre la situación, lo identifique y requise (art. 294 inc 5 CPP), que nos indiquen los señores Jueces en qué casos los uniformados pueden actuar", indicaron en la presentación.
Seguidamente, se preguntaron qué debían hacer los uniformados que concurrieron al lugar de detención, y si no constituyen flagrancia las circunstancias que obligaron a actuar al personal policial. "El criterio de los jueces Juan Alberto Benavides y Alejandro Gustavo Villordo resulta aberrante, alejado de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que sucedieron los hechos y pone al descubierto un posible contubernio con la política, desmoraliza a la policía y para el imaginario popular muestra a la justicia como cómplice", manifestaron.
Sobre el cierre, le propusieron al procurador una serie de medidas con el objetivo de recaudar material probatorio y que la Contaduría General de la Provincia de Buenos Aires ejerza control interno de la gestión económica y financiera de la Legislatura. Pretenden que se realice una auditoría de "contratos, empleados, cuentas bancarias, gastos, otorgamiento de subsidios y demás medidas conducentes para establecer la justificación presupuestaria y la correcta o indebida administración de los fondos públicos".
