"¿Estás tomando apuntes sobre una maldita conspiración criminal?", preguntaba, atónito, Stringer Bell a sus colaboradores en la tercera temporada de The Wire. Lo que le parecía increíble al líder de una banda de narcotraficantes de Baltimore (que intentaba convertirse entonces en un "empresario legítimo") ya no sorprende en Argentina. Siempre hay alguien que toma apuntes. El último caso fue el de Oscar Centeno, el exchofer de Roberto Baratta que causó un revuelo judicial y político al entregar su decena de cuadernos para que los investigue el juez federal Claudio Bonadio. ¿Qué había en esos cuadernos? Los apuntes que el metódico conductor había tomado durante más de una década de trabajo al servicio de uno de los hombres fuertes del Ministerio de Planificación Federal que encabezaba Julio De Vido. Traslados, reuniones y bolsos con dinero: del Ministerio a Olivos, a Casa Rosada, o a las viviendas de los funcionarios. Las anotaciones sólo se interrumpieron durante unos días por el luto tras la muerte de Néstor Kirchner, en octubre de 2010.
No es la primera vez que las anotaciones de un subordinado termina complicado a sus jefes. Lourdes Di Natale, secretaria privada de Emir Yoma, llevaba prolijas agendas sobre los movimientos del asesor presidencial y excuñado de Carlos Saúl Menem. Los apuntes de Di Natale ayudaron a procesar y condenar a Yoma (que luego sería sobreseído) por el escándalo de venta de armas a Ecuador y Croacia.
El caso. Durante su primera presidencia, Menem firmó decretos secretos para vender unas 6.500 toneladas de armamento a ambos países, triangulados a través de falsos envíos a Venezuela y Panamá (que por entonces ni siquiera tenía ejército por la invasión estadounidense de 1989). La venta a Croacia, en medio de su guerra de independencia, era ilegal por el embargo que le aplicaba la ONU a la exYugoslavia. Por su parte, el intercambio con Ecuador, que mantenía un enfrentamiento armado con Perú, tuvo lugar mientras Argentina era uno de los garantes de paz del conflicto. Según se denunciaría luego, la voladura de la fábrica militar de Río Tercero, ocurrida el 3 de noviembre de 1995, intentó ocultar dos escándalos: el borrado a las apuradas de los números de serie de las armas que luego se enviaban a los Balcanes, y el faltante de 60 de los 100 millones de dólares que Fabricaciones Militares debía recibir por las ventas. Siete personas murieron, más de 300 resultaron heridas y media ciudad cordobesa quedó destruida en el incidente, por el que también se investigó a Yoma y a Menem. Por el tráfico, el expresidente tiene una condena firme de siete años de prisión: sus fueros son clave para evitar el cumplimiento de la pena.
Di Natale entregó a la Justicia cuatro agendas, que abarcaban desde la interna peronista de 1988 hasta su etapa como secretaria de Yoma, que culminó en agosto de 1998. En ellas documentó las visitas de dos procesados en la causa armas: Luis Sarlenga, interventor de Fabricaciones Militares, y el exdirector de Coordinación Empresaria de ese organismo, el coronel Edberto González de la Vega. Este militar, denunciaba la secretaria, le llevaba sobres de papel madera al asesor presidencial Yoma.
"Eran sobres de papel madera abiertos. Su última visita con un sobre ocurrió en 1996, cuando ya había estallado el caso de las armas, y recuerdo que comencé a extraer la primera hoja del interior. Eran fotocopias, pero cuando vi que el membrete decía 'Fábrica Militar de Río Tercero', la fábrica que había explotado, no quise saber nada más. Creo que ahí empecé a enfermar. Caí en cama el 8 de noviembre de 1996, mientras mi jefe estaba en Hong Kong", contó Di Natale en 2001 al diario La Nación.
Fue por esta denuncia que Menem quedó detenido con prisión domiciliaria en junio de 2001, revertida seis meses después por una Corte Suprema aún mayoritariamente menemista. El juicio oral contra los 14 procesados comenzaría recién en 2008 y todos resultarían absueltos tres años después. En 2013, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena contra Menem pero anuló algunas de las absoluciones, entre ellas la de Yoma. La condena del expresidente, ratificada en 2017, no evitó que volviera a postularse como senador nacional, gracias a sus fueros y a que el fallo aún no está firme (aún puede apelar ante el máximo tribunal).
La suerte de Di Natale fue trágica. Falleció el 3 de marzo de 2003, a los 43 años, al caer al vacío desde el décimo piso en el que vivía en Mansilla 2429, en Recoleta. Tenía previsto declarar ante la Justicia pocos días después. La muerte se atribuyó en un primer lugar a un supuesto suicidio de una vecina "conflictiva". Los residentes del edificio contaron a Clarín que la exsecretaria cayó al vacío cuando intentaba cortar un cable que proveía señal de TV a unos vecinos con los que mantenía una disputa por la filtración de una pared. Meses antes había perdido la custodia de Agustina Sol, la hija que tuvo en su breve relación con el abogado mediático Mariano Cúneo Libarona.
Las pericias sobre el caso se realizaron recién tres años después. Las reconstrucciones demostraron que ninguna persona podría haber llegado al lugar donde Di Natale fue hallada sin vida sin ayuda de un tercero. Pero la causa permaneció caratulada como un suicidio hasta 2008, cuando la Cámara de Apelaciones ordenó reabrir el expediente y designó en el caso a la jueza Fabiana Palmaghini, la misma que siete años después investigaría la muerte de Alberto Nisman. Palmaghini también terminó archivando el expediente. En 2015, la Corte Suprema ordenó reabrir la investigación, que hasta el momento sigue sin avances.
