El Gobierno de Mauricio Macri está dispuesto a avanzar sobre un régimen más estricto contra Cristóbal López, y sus socios en la Ciudad, con una batería de medidas que incluyen mayores regulaciones y hasta la posibilidad de aumentar el canon que hoy paga en el Hipódromo de Palermo y en el casino flotante de Puerto Madero.
Todas las medidas las están trabajando la Nación con la Ciudad en una comisión conjunta que tiene al abogado personal del propio presidente de la Nación, Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, como su principal asesor, aunque sin un cargo formal.
Así, Lotería Nacional, el órgano regulador del juego, está diseñando un nuevo esquema de sanciones para los incumplimientos del contrato por el cual se instalaron 4.500 tragamonedas en el Hipódromo y 1.570 en el barco casino.
“No había sanciones, si se incumplía el contrato de concesiones no pasaba nada, se levantaba un acta, pero ni siquiera existía la acumulación de antecedentes para poder medir a los concesionarios”, asegura un funcionario del PRO.
Ahora, el directorio de Lotería trabaja en una resolución para que, gradualmente, haya penas económicas ante irregularidades.
Por su lado, en aproximadamente un mes, se emitirá una resolución para delegar en la Agencia Gubernamental de Control porteña la potestad de habilitar y revisar los negocios colaterales: restaurantes, estacionamientos y espectáculos que explotan los concesionarios.
También podrán ingresar inspectores de Trabajo y de Defensa del Consumidor del Gobierno porteño.
Curioso: como los terrenos de ambos negocios, por una disputa judicial, siguen siendo nacionales, el área de Lotería que regulaba estos negocios colaterales se llama “servicios no concesionados”.
En el Hipódromo, el concesionario es Hapsa SA, de Federico De Achával, quien posee el 72,5% mientras que Casino Club, el 27,5% (López tiene el 30% de este paquete). En los barcos casino, el concesionario es Cirsa, con un 50%, asociado con Casino Club (25%) y Hapsa (25%).
En este marco, en el Gobierno ya analizan subirle el canon de 35% y 20% respectivamente, e intentar, de manera judicial, cobrar unos $4 mil millones de Ingresos Brutos a la Ciudad que, por la disputa legal, nunca fueron cobrados.
Fuentes de Hapsa indicaron a PERFIL que se realizan “inspecciones” de manera permanente y que hoy hay “cuarenta fiscalizadores de Lotería in situ” en cada casino “que han manifestado fehacientemente que no existe error o falla en el sistema de control”.
Por otro lado, desde Hapsa afirmaron que “tanto restaurantes como estacionamientos son todas actividades que se encuentran contempladas en el pliego de concesión y por lo tanto se encuentran incluidos en el canon que deben pagar Lotería”. Y concluyeron que “se reciben controles de todo tipo, por ejemplo bromatológicos, por parte de organismos nacionales”.
“Nos controlan hasta la presencias de algas y nutrias en los lagos que hay en la pista central”, graficaron.
Imputado por coimas
El jueves pasado se sumó una nueva complicación judicial para Cristóbal López, ya que el fiscal federal Carlos Rívolo lo sumó a la lista de imputados por presunto cohecho en la causa que investiga a la sociedad Los Sauces SA, perteneciente a la familia de Cristina Kirchner.
Cristóbal López fue incluido, al igual que Lázaro Báez, como parte de la maniobra de presuntos retornos o coimas, dado que ambos empresarios, contratistas de obra pública, alquilaron propiedades de Los Sauces SA.
La medida de la fiscalía se resolvió a partir de una ampliación de denuncia de Margarita Stolbizer. La legisladora denunció que el retorno de dinero mediante los alquileres que recibió Cristina Fernández de Kirchner eran un soborno por la obra pública con sobreprecios que le fue adjudicada a Lázaro Báez.
