El Gobierno nacional derogó este miércoles el decreto firmado por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner el 30 de noviembre pasado que disponía el cese de la retención del 15 por ciento de los fondos coparticipables que efectuaba el Estado sobre las provincias.
La medida fue resuelta a través de el Decreto de Necesidad y Urgencia 73/2016 publicado hoy en el Boletín Oficial, que establece que en caso de "no mediar la inmediata extinción del mencionado decreto" firmado por la administración anterior, "el presupuesto del año 2016 de la seguridad social se encontraría seriamente comprometido en cuanto a su nivel de gasto y financiamiento".
El decreto 2.635/2015 establecía "el cese a la detracción del 15 por ciento de la masa de impuestos coparticipables" a todas las provincias, haciendo extensiva el fallo de la Corte Suprema de Justicia que había declarado "inconstitucional" esa retención para las provincias de Córdoba, Santa Fe y San Luis.
Según los considerandos de la medida tomada por el gobierno de Mauricio Macri, la decisión de extender a todas las provincias el fallo de la Corte genera "consecuencias inexorables desde el punto de vista económico" ya que los fondos que el Estado dejaba de recaudar por ese porcentaje de la coparticipación debía "ser compensado con un ajuste sobre el gasto primario a cargo del Tesoro Nacional".
En ese sentido, el DNU recuerda que tras la decisión de Cristina Kirchner, la Corte Suprema rechazó un pedido similar planteado por la provincia de Formosa, esgrimiendo que los fallos que beneficiaban a Córdoba, Santa Fe y San Luis no suponían "la aplicación inmediata" para otros casos. Asimismo, señala que la propia Corte Suprema "ya resolvió en forma categórica" que los DNU "regulan materias tributarias, ello contraviene el principio de legalidad sean cuales fueren las circunstancias fácticas".
A finales de noviembre, la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de la deducción del 15 por ciento y le impuso un plazo al Estado nacional para restituir el dinero a las provincias de Santa Fe y San Luis, promotoras de la demanda original. Asimismo, declaró inconstitucional un decreto presidencial vigente desde el gobierno de la Alianza que bajó en 1,90 por ciento los recursos coparticipables del Estado nacional con las provincias.
Tras ese fallo, la entonces presidenta Cristina Fernández extendió esa decisión al resto de las provincias mediante un DNU. La detracción del 15 por ciento de la masa de recursos coparticipables se estableció en el Pacto Fiscal I del 12 de agosto de 1992, con el objeto de financiar la transición del sistema previsional estatal al privado.
Esa detracción fue prorrogada por medio de diferentes acuerdos entre la Nación y las provincias, hasta que en el Presupuesto de 2006, en su artículo 76, se establece su continuidad sin acuerdo interprovincial
