Hace un año, cuando Mauricio Macri inauguró por primera vez las sesiones ordinarias del Congreso dijo que la Argentina saldría del default, que la inflación iría bajando con el correr de los meses, que se subiría el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias para que dejaran de pagarlo los que no corresponden que lo hagan, que se devolvería el IVA para productos de la canasta básica de jubilados y beneficiarios de planes sociales, que impulsaría una ley del arrepentido para casos de corrupción, y que se promovería una ley de acceso a la información pública para que tengamos un Estado transparente y abierto a la colaboración. Esos seis anuncios presidenciales contrastables con hechos y datos y otros tres –avanzar con la designación de los jueces de la Corte Suprema para normalizar el máximo tribunal; presentar un proyecto de ley de universalidad de la educación de nivel inicial a partir de los tres años y publicar todos los datos, área por área, para que todos los argentinos sepan el estado en que estaba la Argentina en diciembre de 2015- fueron cumplidos en el primer año de gestión, según el análisis del discurso de 2016 que hicimos con el equipo de Chequeado.
Otras seis promesas, como impulsar una ambiciosa reforma electoral, modificar la ley del Ministerio Público, regular la subrogancia de jueces, legislar el decomiso de bienes provenientes del crimen organizado, crear por ley el Instituto de Evaluación de la Calidad y Equidad Educativa y desarrollar inversiones públicas de infraestructura productiva y social para llevar desarrollo y trabajo a los que viven en las provincias del Norte Grande están en proceso –adelantadas o demoradas- y tres fueron incumplidas. ¿Cuáles fueron las no alcanzadas en el primer año de gobierno de Cambiemos?
Macri dijo que Fútbol para Todos seguiría siendo gratuito, pero el programa insignia del kirchnerismo está por terminar luego de que los clubes rescindieron el contrato. Y el fútbol en 2017 dejará de verse sin costo, como ocurre en las principales ligas del mundo.
El Presidente dijo que desde que asumió “la principal medida fue ir bajando el déficil fiscal”, pero aunque en la Casa Rosada argumentan que “claramente se bajó y se aprobó un presupuesto que lo sigue bajando”, utilizan una metodología nueva que no se encuentra alineada con los estándares internacionales y el último año fue según la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) el de mayor déficit financiero de los últimos 12 años.
Macri dijo que “necesitamos una nueva ley de compras públicas y desarrollo de proveedores, para romper los bolsones de corrupción y mejorar la eficiencia”, pero la Gobierno no avanzó en la sanción de una ley que regule las compras del Estado, aunque modificó la normativa vigente.
En mayo de 2016 se cambió por decreto la reglamentación sobre el tema al elevar los montos mínimos a partir de los cuales es necesario realizar una licitación pública, “con la finalidad de otorgar mayor flexibilidad y rapidez a la gestión de las contrataciones”. Es decir, que se aumentaron los montos que permiten contrataciones directas o licitaciones privadas.
Además, también por decreto, el Gobierno aprobó un nuevo régimen de contrataciones para los bienes y servicios, y en noviembre último el Congreso aprobó una ley para habilitar contratos con participación público-privada. Sobre esta última norma, la especialista en compras públicas Natalia Volosín sostuvo que “implica necesariamente mayor discrecionalidad y mayor riesgo de corrupción”, y recordó que en lo que respecta a obra pública la norma es de 1947.
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