A casi un año de haber sido elevada a juicio, la causa por la "mafia de los contenedores", entre cuyos acusados está Oldemar Barreiro Laborda, ex dueño de Lo Jack, y Claudio “el mono” Minnicelli, cuñado del ex ministro Julio De Vido, el debate todavía no tiene fecha de comienzo. Según pudo saber PERFIL, la demora en el inicio del juicio, en el que hay otros once imputados, se debe a la sobrecarga de causas en esa instancia y a la falta de magistrados en los Tribunales Orales en lo Penal Económico (TOPE).
En el último tiempo la novedad en la instancia de los TOPE pasó por el traslado hacia allí del ex camarista Eduardo Farah, tras las repercusiones del fallo con el que fue liberado, en marzo pasado, el zar del juego, Cristóbal López.
El caso de la “mafia de los contenedores” comenzó en 2016 y, en agosto del año pasado, el juez Marcelo Aguinsky lo elevó a juicio. En su resolución, el magistrado aseguró que se estaba ante una asociación ilícita integrada, en principio, por Barreiro Laborda, Minnicelli, el ex directivo de la Aduana, Edgardo Rodolfo Paolucci y Federico Tiscornia Salort , Néstor Frega, Osvaldo Giacumbo, Vanesa Calamante, Mauro Delmastro, Martín Corral, Santiago Jiménez y Rodolfo Trebino, quienes desempeñaban distintos roles. En el caso también fue procesado el ciudadano coreano Sung Ku Hwang conocido como “Mister Korea”, un eslabón clave de la organización y quien estuvo seis meses prófugo. Tras él cayó Minnicelli, otro de los que eludió la justicia cuando estalló el caso.
Todos enfrentan los presuntos delitos de "asociación ilícita" y "contrabando agravado". De acuerdo a su auto de elevación a juicio, para Aguinsky, los acusados "habrían intentado, con la connivencia de funcionarios de la Dirección General de Aduanas, ingresar a la Argentina la mercadería almacenada en seis contenedores". Lo que habrían hecho "declarando ante el servicio aduanero información falsa con la que pretendieron eludir los controles dispuestos por aquel organismo", según se desprende "de los elementos documentales incorporados al expediente y de las conversaciones telefónicas interceptadas".
Las detenciones de la mayoría de los miembros de la supuesta organización se produjeron a fines de octubre de 2016. Fue luego de que se detectara, a través de una serie de escuchas realizadas en el marco de otra causa, que la banda se dedicaría a detectar containers en infracción, a los cuales les cambiaban los datos que tenían de origen y que los hacían estar en zona de alerta y bajo custodia judicial, para darles cursos y removerlos de los depósitos en los que se encontraban.
Las escuchas del caso, que surgieron de una investigación por narcotráfico en la justicia federal, comprometieron seriamente desde el inicio a los imputados. De allí se desprende el rol central que habría ocupado Paolucci al valerse de su cargo en la Aduana para “alinear” o “poner en caja” a otros empleados o funcionarios del organismo. Y, adecuando ciertas reglamentaciones, habría permitido perfeccionar la operatoria a la organización, lo que habilitó que la misma figurara dentro de los marcos legales.
