Magdalena Odarda, la titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), marcó claras diferencias con la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, en el tratamiento del conflicto en esa provincia con grupos que reivindican reclamos mapuches.
La funcionaria afirmó en conversación con PERFIL que “el pueblo mapuche es pacífico”, que la administración Carreras defiende intereses extranjeros y que debe dialogar para explorar soluciones.
—¿Cómo tomó las declaraciones de Carreras sobre usted, acerca de que no habían condenado la violencia de las tomas?
—No suman, todo aquel que me conoce sabe que siempre trabajé para la pacificación y nunca me pueden relacionar con terrorismo y violencia. Pero ya lo dije: usaron al pueblo mapuche para la campaña electoral y el daño que le hicieron ha sido irreparable. Acusaron a todo un pueblo y no se dedicaron a determinar responsables, a días de los hechos que hemos repudiado. Y no queremos que se señale al pueblo mapuche, que es pacífico y que siempre trabajó y dialogó con el Estado. Por otro lado, el mismo gobierno de Río Negro le permite a un magnate como Joe Lewis cerrar totalmente un camino que debe abrir por sentencia judicial y permite que exista un aeropuerto inglés sin radares. Hay una doble vara en las consideraciones sobre a quién acusamos y a quién le damos privilegios.
—La gobernadora también cuestionó al INAI. ¿Qué tiene para decir?
—Que el INAI cumple con su rol. Lo que sucede es que nosotros no estamos para quedarnos de brazos cruzados, firmamos una resolución por la cual el juez ordenó abrir un camino en el country Arelauquen de San Carlos de Bariloche para que pueda pasar la comunidad indígena y eso provocó un gran terremoto en sectores. Después intentaron hacer denuncias, preocuparon a pueblos y barrios completos, una movida política para asustar a la gente y en contra de los indígenas. Pasa que estos problemas no correrían si el gobierno de Río Negro estuviese con nosotros en los relevamientos, pero no trabajan en conjunto. También es cierto que hay muchos sectores que están interesados en la tierra, el agua, en los minerales estratégicos que puede haber en territorio indígena, y evidentemente este discurso tan racista tiene que ver con la defensa de grandes intereses económicos. Esto va más allá de cualquier crítica circunstancial a un organismo, creo que el gobierno de Río Negro defiende intereses extranjeros, el caso de Lewis es clarito, emblemático.
—Carreras afirmó que hay grupos que realizan terrorismo en la provincia. ¿Qué opina?
—Espero que la Justicia actúe y determine bajo qué figura va a acusar a las personas que alguna vez encuentre. Pero es sospechoso que no haya personas identificadas después de un mes de los hechos. No estoy de acuerdo con la calificación de terrorismo, hay que tener mucho cuidado, eso nos retrotrae a una historia negra de la Argentina. Si hay delincuencia, la Justicia lo tiene que investigar y tendrá la sanción que corresponda al Estado de derecho. Ahora, el reclamo social no tiene nada que ver con hechos vandálicos y se requieren políticas públicas.
—¿Cómo se continúa entonces?
—Nosotros nuevamente los convocamos al diálogo para firmar un convenio de relevamiento.
—¿Por qué sucede esto en Río Negro y no en otras provincias?
—Porque no hay una política pública clara para los pueblos indígenas a pesar de tener una Constitución de avanzada, que les otorga derechos a las comunidades. No se entregó un solo título comunitario, como pasó en otros lugares. No sentarse a dialogar es un error, la tensión política que existe no se soluciona con represión. Y no me interesa enfrentarme a la gobernadora, a pesar de que ella tiene esta obsesión todo el tiempo de culparme de todos los males del mundo. No quiero entrar en discusión porque hay problemas más grandes.
Freno a los desalojos
El Senado aprobó el proyecto de ley que prorroga por cuatro años la emergencia territorial indígena y evita desalojos. El debate estuvo marcado por cruces entre oficialismo y oposición en medio de los conflictos en la Patagonia.
De hecho, integrantes del Frente de Todos les pidieron a sus pares de Juntos por el Cambio que “no mezclen” el accionar de grupos vandálicos en el sur del país con las necesidades de las comunidades aborígenes.
Para Julio Martínez (UCR), el Estado “se la pasa retrocediendo en la defensa de su integridad territorial, asustado porque un grupo de disfrazados lo saca de la categoría de biempensante o sensible de las causas bellas” y votó en contra porque la iniciativa perjudica la resolución judicial de ocupaciones ilegales de tierras en estas comunidades.
