Tras la creciente tensión en Río Negro por el conflicto mapuche, el Senado tratará este jueves la prórroga de la Ley de Emergencia Territorial Indígena, que suspende por cuatro años más los desalojos de comunidades indígenas originarias, cuya personería jurídica haya sido inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (RENACI) u otro organismo provincial competente.
En una nueva sesión con presencialidad plena a las 15:00, los legisladores discutirán la propuesta de la senadora Nora Giménez (Frente de Todos-Salta) que establece una nueva prórroga de la Ley 26.160 hasta 2025, dado que la actual vence el 21 de noviembre próximo.
La ley fue sancionada en el 2006, durante la presidencia de Néstor Kirchner, y ya se prorrogó tres veces: la última fue el 23 de noviembre de 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri y poco tiempo después del conflicto por la desaparición de Santiago Maldonado.
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Asimismo, el proyecto ordena también la realización de un relevamiento técnico, jurídico y catastral de las tierras a cargo del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), y para eso dispone de una partida de $ 290 millones anuales.
"Si no se aprueba la extensión nos vamos a quedar sin ninguna herramienta, sin ningún instrumento legal que nos permita evitar los desalojos", dijo Giménez durante el debate en comisión, mientras que reconoció que aún no se completaron los relevamientos sobre estas tierras y que "actualmente las comunidades indígenas llegan casi a 1700".
Este aspecto es el que más molesta a la oposición, que el pasado 28 de septiembre no avaló la iniciativa en protesta por la falta de reuniones presenciales, por lo que decidió citar a la titular de ese Instituto, Magdalena Odarda, para que exponga sobre la administración del organismo y la demora en la realización del relevamiento que comenzó en 2006. Desde JxC sostienen que el censo va por el 57%, mientras que desde el Frente de Todos indican que está en un 70%.
"Si no prorrogamos la ley se quedan sin financiamiento para terminar el 30 % que falta", dijeron desde el FdT, según consignó Clarín.
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INAI le pidió a Carreras que avance en el relevamiento indígena
A raíz de los conflictos en el sur del país, que desataron la polémica luego de los ataques incendiarios en el Bolsón y Bariloche, esta semana el INAI emitió un comunicado en el que le reclamó a la gobernadora rionegrina, Arabela Carreras “que avance en un convenio para cumplir con el relevamiento indígena”.
Además, solicitaron que se esclarezcan rápidamente los hechos de público conocimiento” y le exigieron que se tome la ley 26.160 para trabajar junto a las comunidades un “abordaje de los temas conflictivos”.
De acuerdo al organismo, en Argentina hay alrededor de 1.760 comunidades indígenas, de las cuales a 1.015 no se les terminó el proceso de relevamiento territorial.
