Arabela Carreras, gobernadora de Río Negro, luego de una semana cargada de tensiones entre el gobierno nacional y su administración por el conflicto de grupos violentos que reivindican reclamos mapuches, evita polemizar con la Casa Rosada pero no deja de marcar diferencias.
Ante PERFIL, cuestionó al organismo de Asuntos Indígenas ya que, desde su opinión, debe tener una clara “condena de la violencia” y reflexionó: “A lo mejor, mayor proactividad del Estado nacional antes nos hubiera permitido hoy no estar en esta circunstancia”.
—¿Qué siente que le faltó a la Casa Rosada en este conflicto? Usted siempre mantuvo buen diálogo con el Gobierno.
—Y tengo buen diálogo pero hemos marcado siempre nuestras diferencias respecto al accionar del INAI y de (Magdalena) Odarda, su titular, y el segundo. Ambos son militantes del FdT de Río Negro y tenemos profundas diferencias con la actitud que tienen hacia los violentos. Porque aquí reivindicamos la pacífica convivencia con el pueblo mapuche en todas las localidades, hay un alto nivel de mestizaje en la población. Es decir, somos provenientes de generaciones que se mezclaron y se fue produciendo una convivencia razonable, con cierta conflictividad con la tenencia de la tierra como pasa en todo el país. Esto tiene un manejo en el marco de la ley de la provincia, lo que ocurre es que hay grupos que son delincuentes que tienen que tener un tratamiento diferente.
—En este marco, ¿cómo tomó las distintas reacciones del Gobierno ante la situación?
—Prefiero no opinar porque me parece que no va por ahí, no es una discusión de la grieta o quién tiene una expresión más fuerte o hiriente. Hoy lo interesante es que las fuerzas federales están en la provincia y que esto puede contribuir a la pacificación. Queremos que nos ayuden con la investigación, porque corresponde a un delito federal y trasciende los límites de la provincia. Hay tres provincias involucradas y hay contactos internacionales, por eso creemos que corresponde la competencia federal.
—Para evitar los roces entre las distintas administraciones, ¿cómo se podría haber trabajado la prevención de estos delitos que menciona?
—No son situaciones sencillas de enmarcar y de investigar para llegar al fondo de la cuestión. Pero a lo mejor mayor proactividad del Estado nacional antes nos hubiera permitido hoy no estar en esta circunstancia. De todos modos, yo siempre trato de concentrarme en la oportunidad que hay ahora, de pacificar en el marco de la ley y la Constitución. A veces es difícil con la ley y la Constitución en la mano afrontar a quienes con una capucha puesta actúan fuera de la ley.
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—Mencionó al INAI y su rol. ¿Pudo transmitir estas diferencias ante la Casa Rosada?
—Precisamente dije que necesitábamos mayor claridad en cuanto a la condena de la violencia y en cuanto a la no colaboración de las tomas con personas que se manifestaban con violencia hacia el resto de la población. Eso no lo concebimos. Y que el INAI no haga reconocimientos territoriales que aumentan la conflictividad en la región. Por ejemplo: reconocer a una comunidad un vasto territorio que incluya dentro barrios que existen de hace muchos años y en los cuales viven familias.
—¿Es correcto decir que estos grupos realizan terrorismo?
—Sí, porque estamos hablando del artículo 213 bis del Código Penal que tiene una descripción de hechos que coincide con lo que ocurrió en Río Negro y en la región. Esta situación de avasallamiento tiene violencia y uso de armas, hay un intento de actitud coercitiva con el gobierno, un desconocimiento de las autoridades del gobierno nacional y provincial, trasciende las fronteras nacionales y la jurisdicción de una provincia.
—¿Y piensa que el Gobierno así lo entiende?
—Tengo interlocución con distintos actores del Gobierno, muchos de los cuales coinciden con nuestra mirada y otros no. No hay una posición única, de hecho ha habido expresiones de importantes referentes del FdT en el mismo sentido que nosotros.
—¿Cuál es el camino que se debe continuar?
—El camino es la Justicia y la investigación. Tengo mucha confianza en que la Justicia Federal tenga proactividad, confío en las instituciones. Y destaco que nos hayan aceptado la competencia federal y que la provincia pueda ser querellante, eso marca una diferencia.
Llamado del Presidente
Alberto Fernández se comunicó ayer por la tarde con la gobernadora rionegrina para “expresar su voluntad de colaborar para la resolución de estos conflictos”, reveló Carreras. Se trata de un gesto del mandatario para acercar posiciones con la provincia e intercambiar visiones sobre una posible salida al conflicto.
“El Presidente Fernández condenó los hechos de violencia”, agregó la referente provincial , quien también agradeció la presencia de la Gendarmería Nacional en la región y el apoyo que se le está otorgando a la Justicia local.
Por su parte, María Eugenia Vidal apuntó contra el Gobierno nacional y señaló:” En este caso no se necesita ninguna nueva ley, lo que está sucediendo en Río Negro, es terrorismo, es un delito federal”.
